Yefferson Dueñas, abogado que representa al canciller Álvaro Leyva, presentó una recusación contra Ernesto Espinosa, el procurador encargado del caso de la licitación de los pasaportes, por una supuesta enemistad grave de ese funcionario judicial con el Gobierno nacional.
Aunque la Procuraduría General de la Nación rechazó esa recusación, el juicio disciplinario en contra del titular de la cartera quedó suspendido hasta que la procuradora Margarita Cabello resuelva el recurso. “No puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”, señaló el procurador Espinoza.
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En la diligencia, que estaba programada para las 10 de la mañana del 14 de febrero, se esperaba que el procurador encargado leyera el pliego de cargos en contra del suspendido canciller y que su defensa respondiera si se declara culpable o inocente. En el primer caso, se hubiese emitido una sanción; en el segundo caso hubiera iniciado la etapa probatoria.
La recusación que presentó la defensa de Leyva en contra del procurador encargado se debe a expresiones que hizo en el pasado en sus redes sociales. Así se consta en el documento presentado por el abgoado:
“Las manifestaciones hechas por el señor Procurador Delegado Ernesto Jesús Espinosa Jiménez respecto de tendencias políticas, movimientos sociales, funcionarios del Gobierno y personajes de la vida pública, ponen en evidencia su enemistad grave con uno de los sujetos procesales, todo lo cual compromete gravemente su imparcialidad y genera dudas fundadas sobre su capacidad para decidir de manera objetiva las presentes diligencias. Se configura, en consecuencia, la causal de recusación prevista en el numeral 5 del artículo 104 del CGD (sic)”.
En el documento presentado por la defensa de Leyva Durán se pueden ver expresiones en redes sociales del procurador encargado en el que manifiesta “que Gustavo Petro sea mi presidente me da miedo”, entre otras.
Tras revisar tal documento, el procurador Ernesto Espinosa advirtió que no se puede hablar de una “enemistad” con el gobierno de Gustavo Petro o con el ministro Leyva Durán. “Frente al doctor Leyva le puedo decir: no tengo ninguna enemistad”, expresó el funcionario judicial.
Agregó que “mis opiniones antes de ejercer el cargo los hice en el marco del ejercicio profesional. No podemos establecer o aceptar que existe una enemistad íntima”.
Añadió que desde el primero momento se le ha garantizado independencia al canciller y a su defensa en el proceso disciplinario, y argumentó que sus opiniones políticas se presentaron antes que el “Gobierno existiera”, puesto que fueron en 2019. “El Gobierno inicia precisamente en agosto de 2022 y yo asumo posesión el 7 de septiembre de 2022″, argumentó el procurador, visiblemente molesto.
“No he hecho, desde el 2022, ninguna manifestación para que se pueda siquiera deducir una enemistad grave con el indiciado. No puedo permitir que se me diga que son enemigo de un Gobierno porque no es así”, agregó.
El proceso contra Álvaro Leyva
El funcionario suspendido se enfrenta a cargos por dos supuestas irregularidades cometidas durante una licitación fallida, inicialmente ganada por Thomas Greg & Sons, la cual fue posteriormente declarada desierta debido a presuntas anomalías.
La Sala Disciplinaria de Instrucción evaluará las decisiones tomadas por el canciller y las comunicaciones emitidas por este, pese a estar apartado del cargo y sin capacidad para ejercer sus funciones.
El canciller deberá responder preguntas clave durante el proceso, incluyendo los motivos por los cuales anuló la licitación otorgada a Thomas Greg & Sons, la razón de su declaración de urgencia tras anular la licitación y por qué ignoró las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y del Comité de Contratación de la Cancillería de negociar con la empresa para evitar una demanda costosa contra el Estado.
Se le acusa de dos faltas disciplinarias: la primera por declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin el adecuado respaldo técnico y jurídico, y la segunda por declarar urgencia manifiesta tras la anulación de la licitación, sin justificación aparente, según la Procuraduría.
Este asunto generó un conflicto serio con Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Adje, quien incluso denunció maltratos por parte de Leyva, según una denuncia de Daniel Coronell.