Quien es el ‘Zar del Oro’, el exfinanciador paramilitar y narcotraficante al que le negaron el ingreso a la JEP

En la tarde del miércoles 14 de febrero la JEP dio a conocer que Jairo Hugo Escobar Cataño, alias el Zar del Oro, no cumplió con los requisitos del tribunal durante la audiencia única de verdad y su solicitud de acogimiento a la Jurisdicción fue negada.

De acuerdo con la la sala de definición de situaciones jurídicas del organismo, las conductas por las que fue condenado y es investigado el Zar del Oro no tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado y que sus aportes no ayudan a la construcción del relato de la violencia que estudia la JEP.

“La JEP rechazó la solicitud de sometimiento, en calidad de tercero civil financiador, de Jairo Hugo Escobar Cataño por no cumplir con los requisitos materiales y personales que exige la Jurisdicción. La Jurisdicción también le negó a Escobar Cataño el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada”, indicó la JEP.

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Jairo Hugo Escobar Cataño es un exparamilitar y narcotraficante que surgió en una familia minera de Antioquia y se hizo popular por amenazar y ordenar el asesinato de mineros que se negaran a vender sus yacimientos de oro, que posteriormente explotaba y con las ganancias financiaba grupos delictivos, como Los Rastrojos, surgido de un reducto paramilitar que no se acogió a la Ley de Justicia y Paz.

Antes de convertirse en el Zar del Oro, Escobar Cataño era un minero más de una modesta familia de Remedios (Antioquia), que encontró buenos yacimientos de oro y empezó su carrera como comerciante del metal precioso.

Sin embargo la dicha le duró poco a Escobar Cataño, pues a principios de los 90 llegó a su lugar de origen el el bloque Central Bolívar de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Los paras llegaron a la zona a controlar el negocio de la cocaína y de la minería, que para la época empezaba a tomar auge y a cobrar importancia dentro de las rentas ilícitas.

Fue así como Jairo Escobar Cataño se asoció con el bloque Central Bolívar y se convirtió en el Zar del Oro, pues le brindó ayuda al grupo armado, que tenía un centro de acopio en una de sus fincas, y como recompensa le permitieron timar el control de las minas de la región.

El Zar del Oro continuaba con la fachada de un exitoso empresario, pero clandestinamente participaba en el envío de droga y ayudaba a financiar las tropas del bloque paramilitar a cambio de poder y protección.

Cuando la Ley de Justicia y Paz fue instaurada por el expresidente Álvaro Uribe, no todos los integrantes de las AUC se desmovilizaron y un grupo formó el grupo criminal denominado Los Rastrojos que era financiado por Escobar Castaño en Remedios y sus alrededores.

El Gobierno de turno determinó que alias Macaco y sus allegados no habían cumplido con la desmovilización y los extraditó a Estados Unidos, por lo que el comerciante de oro se quedó con el control completo de las minas y con el respaldo de Los Rastrojos.

Siendo el Zar, Escobar ordenaba millonarias extorsiones a las minas más rentables, como la de La Roca, controlada por una familia a la que conocían como los Serafines.

Jairo Escobar ordenaba cobros de cinco y hasta diez millones, y finalmente le ofreció a la familia cerca de 60.000 dólares para quedarse con la mina, un precio minúsculo teniendo en cuenta que mensualmente se extraía cerca de 700.000 dólares en material aurífero.

Ante la negativa de los Serafines de vender la mina, el Zar le ordenó a los Rastrojos que los masacraran en medio de una supuesta reunión de negocios. En cumplimiento de las órdenes, y a cambio de $500 millones, los paramilitares asesinaron con sevicia a Jaime Nicolás Jiménez, Johan Esteban Pareja Avendaño y los hermanos Yeison Andrés y Wilmar Alberto Taborda Jiménez.

A Hugo Escobar también se le acusa de ordenar el homicidio del narco conocido como Marcos Legumbre y de otros dos mineros que no le quisieron vender sus tierras.

En 2012 el Zar del Oro fue capturado por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, extorsiones y desplazamiento forzado, por los cuales paga 50 años de cárcel en la cárcel La Tramacúa de Valledupar.