En una revelación hecha por La W, los investigadores del CTI de la Fiscalía, Fabio González y Pablo Bolaños, acusaron a Martha Mancera, actual fiscal general encargada, de ejercer presión y amedrentamiento sobre ellos tras haberle informado sobre acciones supuestamente ilegales de Francisco Martínez, director del CTI en Buenaventura.
Estos señalamientos surgen supuestamente en una operación encubierta que evidenció presuntos nexos de Martínez con una red dedicada a la contaminación de cargamentos con droga en el principal puerto del país. La operación, avalada tanto por fiscales como jueces, apuntaba al director conocido bajo el alias de ‘Pacho malo’.
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González y Bolaños relataron cómo, después de haber descubierto y puesto en evidencia la supuesta complicidad de ‘Pacho Malo’ con actividades ilícitas, enfrentaron represalias por parte de Mancera. “Cuando a Martha Mancera se le pone en conocimiento lo que se sabe sobre ‘Pacho Malo’ fue como si hubiera visto al diablo”, afirmó González, destacando la sorprendente reacción de la entonces vicefiscal al recibir la información.
De acuerdo con lo dicho por los testigos el exfiscal general Francisco Barbosa y la entonces vicefiscal Martha Mancera visitaron Cali el 28 de marzo de 2021 para expresar sus condolencias por el asesinato de Mario Herrera, un valioso investigador del CTI supuestamente ultimado por disidencias de las FARC.
El encuentro tuvo lugar durante el velorio del agente encubierto del equipo de Fabio González. La muerte de Herrera, según palabras de González, representó un despreciable acto de violencia que indignó a la comunidad: “No tuvieron la decencia de respetar la inocencia de Mario Fernando Herrera Aparicio”, señaló González.
La gestión de Mancera en este periodo de luto y tensión no se quedó en el simple gesto de condolencia, según lo dicho por González. Tras ser informada personalmente sobre la existencia de información clave relacionada con ‘Pacho Malo’ su postura cambió drásticamente.
Fabio González recordó en La W cómo, al día siguiente, fueron convocados a una reunión a puerta cerrada donde Mancera les expresó de manera contundente: “Nos dijo que se la vamos a pagar con sangre. Son palabras que no olvidamos.”. González agregó: “El pueblo colombiano conocerá quién es Martha Mancera detrás de cámaras, cómo se dirige a sus subalternos, cómo nos maltrata, cómo desprecia la labor que desarrollamos como agentes encubiertos”.
En ese momento, la aparición pública de Barbosa en el velorio ofreció un mensaje de unidad y determinación ante la grave perdida. “Si se meten con uno se meten con todos”, aseguró Barbosa, subrayando el compromiso irrevocable del estado en la lucha contra las fuerzas que amenazan la seguridad y la paz del país.
Pablo Bolaños, otro miembro del equipo, reflexionó sobre las duras palabras de Mancera, destacando el contraste entre el apoyo inicialmente mostrado y la dura crítica posterior. Bolaños aseguró en La W que la institución está siendo manipulada por “manos criminales”. Estas declaraciones surgen en medio de cargos por narcotráfico y falsedad de documento público contra Bolaños y otros investigadores del CTI, a pesar de que los acusados argumentan que sus acciones eran parte de una operación encubierta para desmantelar redes criminales.
La discusión central se cierne en torno a las operaciones realizadas por estos agentes bajo la autorización de jueces y fiscales, apuntando hacia un complejo escenario de persecución y acusaciones mutuas. “Estamos siendo objeto de persecución por parte de la Fiscalía”, afirmó Bolaños, reiterando el tenso ambiente que envuelve a los implicados en este caso. La declaración subraya la presión y el riesgo que enfrentan aquellos dentro del sistema que intentan desafiar la corrupción y los entornos criminales.
Bolaños describió un encuentro donde Mancera los insultó a puerta cerrada, lo que añade otra capa de complejidad a las ya cargadas alegaciones. Mientras tanto, la oficina de comunicaciones de la Fiscalía mencionó que Mancera “saldrá a la opinión pública pronto con ese tema”.
El respaldo por parte de sus superiores, según los agentes, implicaría la existencia de pruebas que contradicen las acusaciones hechas en su contra, aportando así un argumento vital en su defensa. “Si traficaron droga fue en el marco de una operación como agentes encubiertos”, subrayaron, destacando la aprobación de sus acciones por parte de fiscales y jueces competentes, lo que debería eximirlos de las imputaciones actuales.
La situación actual plantea interrogantes sobre la eficacia de las operaciones encubiertas y la percepción de justicia dentro del aparato judicial. Además, refleja las tensiones inherentes a la lucha contra el narcotráfico en un país que ha sido tradicionalmente el epicentro de intensos debates sobre la mejor manera de enfrentar este problema global.