El presidente Gustavo Petro negó haber tenido incidencia en las modificaciones al Presupuesto General de la Nación en 2024 que dejaron en vilo alrededor de 13 billones destinados a concesiones de obra y concesión, aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que fue una orden presidencial.
“Entran en tal plan de oposición que no hacen bien las sumas y las restas. El presidente no ha cambiado una sola partida del presupuesto aprobado por el Congreso”, señaló el jefe de Estado a través de una publicación en su cuenta de la red social X.
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El mandatario respondió a unas declaraciones del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en la cadena radial EmiAtlántico, en las que señaló que el asunto era de gravedad. “El Gobierno no puede cambiar lo que ha aprobado el Congreso, tiene que ejecutarlo. Aquí el presidente tomó la decisión de expedir un decreto distinto a lo que había aprobado el Congreso“, señaló el exfuncionario.
Según Cárdenas, la modificación del Presupuesto del 2024, que calificó como “caprichosa”, mostró tres problemas graves: “No apego por la ley; no capacidad en el Gobierno de alguien decirle no al presidente e incumplimientos de contratos que ya están pactados”.
Todavía no hay claridad sobre lo ocurrido con las partidas presupuestales para proyectos de infraestructura en el país durante el presente año. El diario Portafolio, que reveló las modificaciones, señaló que los documentos habían salido tal cual la ley aprobada por el Congreso del Ministerio de Hacienda, pero se habrían modificado en la Presidencia.
Incluso el ministro de Hacienda señaló en declaraciones a medios de comunicación que las inconsistencias respondían a una medida de priorización, con el fin de renegociar las vigencias futuras y destinar los recursos de acuerdo con el avance de las obras. Fue enfático en que la orden vino del presidente Petro, quien a través de redes sociales, lo negó.
“Es un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otras. Esto implica renegociar las vigencias futuras viendo el grado de avance de cada una de ellas. No se trata de ninguna opacidad en el Presupuesto”, señaló Bonilla el 9 de febrero.
El ministro aseguró que la liquidación del presupuesto incluía todo lo aprobado por el Congreso. Sin embargo, explicó que la ley aprueba unas partidas globales, dentro de las cuales se definen unas prioridades por parte del Gobierno nacional, que lo hará sobre la base de la ejecución de los proyectos a los que está destinado el rubro.
En medio de las dudas sobre el presupuesto, renunció Claudia Marcela Numa Páez, quien era la encargada de liquidarlo dentro del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no son claras las razones por las que decidió separarse del cargo justo en medio de la tormenta.
Así mismo, el ministro Bonilla se reunió con los líderes de los gremio empresariales, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y Juan Martín Caicedo, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) para darles claridad sobre las partidas presupuestales para los proyectos financiados por la nación.
“Tuvimos la oportunidad de expresarle nuestras preocupaciones alrededor de la incertidumbre que se genera al no tener claramente especificadas las partidas correspondientes a las obligaciones del Estado contratos de obra y concesión dentro del decreto de liquidación del presupuesto general de la nación”, escribió Mac Master en su cuenta de X, después de la reunión.
Para el presidente de la Andi, no tener recursos asegurados para los proyectos de infraestructura tiene un efecto no solo en su financiación, sino también en los empleos y en futuras licitaciones. “Nos indicó el ministro amablemente que está en disposición de establecer mesas de trabajo que busquen evitar estos efectos, así como también indicó que en próximos días expedirán actos administrativos que ojalá puedan aclarar completamente cualquier duda”, agregó.