Gobierno Petro tomó una decisión con el presupuesto de 2024 que sorprendió al país: así quedó ahora

El Gobierno de Gustavo Petro puso fin a la polémica y oficializó la adecuación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, tras la firma del decreto correspondiente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente Gustavo Petro.

Esta acción asigna un capital de $13 billones para el desarrollo de más de 100 megaproyectos a lo largo y ancho del país, incluyendo el metro de Bogotá, el metro de la 80 en Medellín y varias autopistas de cuarta generación (4G), lo que marca un precedente significativo en la inversión para infraestructura en Colombia.

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La distribución de recursos garantiza la continuidad y ejecución de importantes obras de infraestructura que habían recibido luz verde del Congreso de la República en el presupuesto del año anterior.

Entre los proyectos destacados se encuentran el Regiotram de Occidente, las fases 2 y 3 de TransMilenio a Soacha, Ruta del Sol 3, el Túnel del Toyo y sus carreteras de acceso, así como la primera línea del Metro de Bogotá. En adición, se destinarán fondos a proyectos 4G vitales como Pasto – Rumichaca, Mar 1 y Mar 2, y Pacífico 1 y 3, entre otros, enfatizando el compromiso del Gobierno con la mejora y expansión de la infraestructura nacional.

Esta medida se adopta en respuesta a la controversia surgida debido a la falta de especificación en la asignación de los $13 billones en el presupuesto inicial para 2024, solucionando así un vacío que había generado incertidumbre entre sectores académicos y empresariales.

La decisión de redirigir y asegurar fondos para estas megaobras refleja un esfuerzo por mantener la confianza de los inversores y subraya la importancia de avanzar en proyectos de infraestructura que impulsarán el desarrollo económico y la conectividad en Colombia.

Aunque inicialmente se presentaron dudas sobre la adjudicación de recursos a ciertos proyectos, como el caso de la vía Mulaló – Loboguerrero, aún no iniciada y candidata a ser excluida de financiación directa, la administración de Petro optó por confirmar inversiones en una amplia gama de obras. Esta decisión muestra una flexibilidad y apertura a reconsiderar la asignación de recursos basada en la relevancia y estado actual de cada proyecto.

Con este paso, el Gobierno busca calmar las preocupaciones respecto a la posible reasignación de fondos y las negociaciones sobre vigencias futuras, resaltando su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vital para el país.

La implementación de estas megaobras promete transformar significativamente el paisaje urbano y regional de Colombia, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes y reforzando la columna vertebral económica y logística de la nación.

Tras esto, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, que había denunciado las dificultades que traería el decreto del PGN, celebró la decisión del Gobierno.

“Enhorabuena la expedición del decreto de desagregación del presupuesto del sector transporte. El país garantiza, así, la continuidad de obras neurálgicas como el metro del Bogotá, el Regiotram de Cundinamarca y las concesiones del programa 4G, además de aquellas iniciativas regionales a cargo del Invías”, escribió en X (antes Twitter).

Anterior a esto, Caicedo había dicho que el decreto tenía que especificar las partidas desde el punto de vista legal. Además, que esas partidas deben reflejar lo que decidió el Congreso de la República en materia de obras.

“Aquí lo que está en juego no solamente es un aspecto jurídico, sino que es el hecho de que en el Congreso las regiones se expresaron a través de los congresistas que la representan y ahí quedaron plasmadas un sinnúmero de obras”, había dicho el dirigente.

Este lío con el presupuesto puso a rodar cabezas en el Gobierno Petro. La directora de Presupuesto Público Nacional en el Ministerio de Hacienda desde 2019, Claudia Marcela Numa, renunció a dicho cargo. Otros dos funcionarios también lo habrían hecho en medio de esta discusión.

De igual manera, el debate tocó el ámbito internacional. El 14 de febrero, la calificadora Fitch Ratings anunció que estará atenta a la evolución de la discusión sobre los presuntos yerros en este y el impacto que esto podría tener sobre la capacidad de pago de entidades relacionadas con gobiernos (ERG) que desarrollan proyectos financiados con vigencias futuras (VF) provenientes de la Nación.