Corte Constitucional suspendió términos en tutela interpuesta por destituido contralor: estos son los motivos

Con una carta dirigida al presidente del Congreso, Iván Náme Vásquez, la Corte Constitucional comunicó el martes 13 de febrero de 2024 que se suspendía, por dos meses, los términos de la acción de tutela presentada por Carlos Hernán Rodríguez, que busca reversar decisión tomada por el Consejo de Estado, que lo apartó del cargo el 25 de mayo de 2023, debido a lo que habrían sido las irregularidades registradas en su escogencia.

Esta decisión se conoce en medio del proceso de elección del nuevo titular de la entidad, que ha sufrido toda clase de trabas, entre los que piden celeridad en la designación de un nuevo funcionario y los parlamentarios que habían pedido, justamente, que se resolvieran algunos trámites; entre ellos, el que interpuso Rodríguez, que sigue a la espera de que se conozca una decisión en su caso por parte del alto tribunal.

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“Suspender los términos para decidir en el presente proceso por un término de dos meses contados a partir del momento en el que se alleguen las pruebas decretadas en la presente providencia”, se leyó en la comunicación enviada por la Corte, en la que también se pide al Congreso que informe sobre el estado actual del nuevo proceso de convocatoria, de cara a lo que resta del periodo 2022-2026.

La comunicación, que también tiene como destinatario al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, deja en claro que la determinación busca cumplir con el auto del 31 de enero, proferido por la Sala Plena de la Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, en el que se solicita al Congreso responda una serie de requerimientos en lo concerniente a la elección de Rodríguez.

Entre las respuestas que debe entregar el Congreso, se destaca la de la fecha en la que el accionante, en este caso Rodríguez, se presentó al proceso de convocatoria pública a la elección de contralor; además de que deberán explicar por qué no se respondió al incidente de desacato iniciado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en respuesta a una acción popular que pretendía suspender el proceso.

Asimismo, se pidió informar los resultados obtenidos por Rodríguez en las pruebas practicadas y en las etapas del proceso de convocatoria para elegir al contralor General; puntualmente en el examen de conocimientos, formación profesional y experiencia profesional, y en la entrevista hecha al elegido contralor. Esto se suma al plazo de cinco días que dio al legislativo para que indique en qué fase va la nueva convocatoria.

En específico, se debe decir si hay una lista de candidatos o finalistas de la cual se “provea elaborar una nueva lista de elegibles”, mencionó la Corte en su comunicación. Pero así como se hicieron una serie de requerimientos al Congreso, también se pidió a la Universidad Industrial de Santander (UIS) que explique cuáles fueron los parámetros para la ponderación de resultados de las pruebas adelantadas por este centro educativo.

En este caso, vale destacar que la Universidad Nacional indicó el 20 de diciembre de 2023 que no hará parte del proceso de elección del nuevo contralor General de la República, debido a que tiene contratos en curso con la Contraloría.

“Teniendo en cuenta esta circunstancia, puede apreciarse que se configuraría un conflicto de intereses que afecta la fluidez del proceso y con evidente riesgo reputacional para la Universidad Nacional de Colombia y el honorable Congreso de la República”, precisó el centro educativo, uno de los más importantes del país, con lo que declinó su participación en este proceso, que ha sufrido serios retrasos en su cronograma inicial.