Procuraduría alerto por posible uso de menores extranjeros por parte de La Inmaculada en Tuluá

Luego de los ataques llevados a cabo por la estructura criminal de La Inmaculada en Tuluá, Valle del Cauca, registrados la noche del sábado 10 de febrero de 2024 y que dejó como víctimas mortales a dos agentes de tránsito, la Procuraduría General de la Nación anunció que verificará el impacto de los hechos en la población.

Así lo anunció el Ministerio Público en la mañana del 14 de febrero de 2024 a través de un comunicado en el que explicó que la procuradora, Margarita Cabello, conformó una comisión especial que viajará a Tuluá con el fin de recopilar información sobre el impacto de la violencia en la población civil que han tenido los hechos perpetrados por La Inmaculada y otros grupos al margen de la ley.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la comisión deberá “realizar las gestiones necesarias para garantizar que se controle” y que la violencia que se registra en Tuluá “no se expanda a otros municipios”.

Para cumplir con el propósito de la misión, el procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, líder de la representación de la Procuraduría General de la Nación, mantendrá reuniones con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez.

Con el fin de conocer de primera mano la situación que se vive en el municipio, la comisión también se reunirá con los comandantes regionales de Ejército y Policía, alcaldes de municipios vecinos y representantes de la comunidad para evaluar las medidas adoptadas hasta el momento y plantear estrategias que permitan garantizar los derechos de los pobladores.

La Procuraduría recordó que, según cifras entregadas por el Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las acciones violentas en Tuluá durante los últimos años han dejado “115 homicidios selectivos, 36 tentativas de homicidio, 31 amenazas, 14 casos de extorsión y 10 actos terroristas, entre otros, que suman 245 hechos victimizantes entre 2020 y 2024″.

Dichos actos violentos han afectado a, por lo menos, “30 jóvenes, 18 comerciantes y propietarios de tierra, 14 servidores públicos y 11 ciudadanos del común”.

El Ministerio Público también alertó sobre un alto riesgo de que migrantes, en especial venezolanos, incluyendo a menores de edad que residen en Tuluá, puedan llegar a ser instrumentalizados por las estructuras criminales que tienen presencia en la región y así perpetrar nuevos actos violentos.

Por último, la Procuraduría anunció que los avances y conclusiones de la visita a Tuluá serán compartidos en un informe preventivo el 20 de febrero, el cual, será presentado ante las autoridades del orden nacional responsables de atender la crisis que se vive en el departamento del Valle del Cauca.

El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, aseguró que, como una medida para buscar solución a los hechos violentos que se han registrado en el municipio, le hizo un llamado al Gobierno nacional para que acompañe el trabajo conjunto que se va a realizar en la zona.

“Se le hizo un llamado al Gobierno nacional para que nos acompañe en todo este trabajo que requiere fundamentalmente del apoyo del Inpec, del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior”.

Gustavo Vélez también hizo una impactante revelación, pues confirmó que a lo largo de la última década, La Inmaculada ha dejado un total de mil muertos, por lo que describió la situación en el municipio como compleja.

“El contexto de lo que se está viviendo en Tuluá es muy complejo, porque esta banda delincuencial lleva cometiendo actos criminales hace muchos años, y si hablamos solamente de los últimos diez años, han perpetrado más de mil homicidios. Esta es una cifra que a nadie le corre por la cabeza, porque además siempre se hacen evaluaciones del momento o del mes o del año, pero cuando resumimos esto, es una banda delincuencial que ha asesinado a más de mil personas en nuestro municipio”.