Lío por Presupuesto General cobra la primera cabeza: importante funcionaria del Ministerio de Hacienda renunció

Claudia Marcela Numa, directora de Presupuesto Público Nacional en el Ministerio de Hacienda desde 2019, renunció.

Esto, en medio del escándalo que hay con el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para 2024, en el que se manejarán recursos por $502,6 billones. En el mismo, de acuerdo con expertos, el Gobierno Petro tiene en vilo los recursos de importantes proyectos para el país, como el de la primera línea del metro de Bogotá.

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Numa es ingeniera de sistemas y estaba en la cartera de Hacienda desde 2006, cuando ejercía el cargo de subdirectora de Análisis y Consolidación presupuestal. Además de ella, otros dos funcionarios habrían salido de la cartera. El reemplazo sería Jairo Alonso Bautista, quien perteneció a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Gustavo Bolívar.

“Marcela Numa es una profesional de altísimo nivel. Entiende y conoce el tema presupuestal de inicio a fin, sus años al frente de la Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal le dan la experiencia necesaria para que haga la mejor tarea al frente de esta dirección tan importante para el país”, señaló el 20 de noviembre de 2019 el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla.

Llegó en reemplazo de Fernando Jiménez, que asumió la dirección de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales.

Entre las funciones de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional está asesorar al ministro de Hacienda y Crédito Público en la formulación de las políticas presupuestal y fiscal. Además, participar con el Departamento Nacional de Planeación en la preparación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

También, dirigir la elaboración del proyecto del Presupuesto General de la Nación que se presenta al Congreso de la República y el proyecto de presupuesto de las empresas industriales y comerciales del Estado no financieras, de las sociedades de economía mixta no financieras sujetas al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, para presentarlo a consideración del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

Otra es dirigir el trabajo de preparación del mensaje presupuestal del proyecto del Presupuesto General de la Nación y las justificaciones de los proyectos que lo modifiquen.

El director del Centro de Gerencia y Empresa de la Universidad EAFIT, Martín Jaramillo, lamentó la salida de la funcionaria:

“Todo el respaldo para los funcionarios técnicos y honestos como Claudia Numa que, ante las presiones de movidas inconvenientes, inmorales o ilegales, mantienen su independencia y su compromiso por el bienestar de los ciudadanos”.

El Observatorio Fiscal de la Javeriana alertó que ve con preocupación que el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y su anexo técnico no especifican al detalle la destinación de $13 billones del rubro de inversión, cifra que representa el 13% del total de gastos de inversión. Se trata de recursos apropiados para el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones).

“En el anexo de cada decreto de liquidación se detalla el destino específico del presupuesto de inversión a nivel de proyectos. Específicamente, el desglose de los recursos pertenecientes al rubro de inversión obedece a la clasificación presupuestal establecida por programas, subprogramas y proyectos. Sin embargo, en el caso de estos $13 billones el detalle únicamente llega a nivel de ‘subprograma’, no al nivel de proyectos”, indicó.

Como ejemplo, explicó que se tomó el presupuesto de inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad del orden nacional del sector transporte encargada de la ejecución de grandes obras de infraestructura, por medio de los esquemas de concesiones y asociaciones público - privadas.

Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que de esta manera se violenta lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Presupuesto, hecho que ocurre por primera vez en la historia del país.

Advierte la CCI que, de manera sorpresiva, recientes anuncios del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalan que el pago de las vigencias futuras no se harían de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos.

Lo anterior, se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la primera línea del metro de Bogotá, así como otros 57 proyectos, podrían quedar en vilo.