Pocas horas después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunciara la suspensión del paro armado en el Chocó, que fue decretado desde el 10 de febrero, se conocieron las graves afectaciones humanitarias que dejaron recientes combates entre grupos armados presentes en la región.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, varias familias tuvieron que desplazarse debido a combates entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, e insurgentes del ELN.
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Alrededor de 40 familias de la comunidad Chambacú, jurisdicción del municipio de Sipí (Chocó), fueron las afectadas por los hechos de violencia. Los núcleos compuestos por 31 adultos, 28 menores de edad y cuatro madres lactantes, tuvieron que salir de su lugar de residencia, para llegar hasta el territorio de la comunidad Negría, en inmediaciones de municipio de Istmina.
El conflicto armado en esa zona de la subregión del San Juan ha derivado en la vulneración de derechos, puesto que los pobladores no pueden ejercer sus actividades diarias, incluidas las laborales, tampoco pueden transportar sus alimentos. Lo anterior, debido a que hay restricciones a la movilidad terrestre y fluvial.
El defensor del Pueblo, Carlos Carmargo Assis, señaló que pese a que se han emitido alertas tempranas desde años anteriores, siguen vulnerándose los derechos de las comunidades étnicas:
“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos las Alertas Tempranas 012 del 2022 y 020 del 2021, dados los enfrentamientos entre las AGC y el ELN, los cuales infringen el principio de precaución del derecho internacional humanitario. El escenario de disputa territorial configura graves afectaciones para la población civil, particularmente a las comunidades étnicas. Sus derechos a la vida e integridad deben ser salvaguardados”, señaló el funcionario.
La comunidad de Doidó, territorio adscrito a Istmina, también se vio afectada por los enfrentamientos armados entre los dos grupos ilegales. De continuar la situación de orden público en esa zona, sus habitantes se verían en la obligación de desplazarse.
“Es prioritario que la institucionalidad gubernamental, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, atienda las recomendaciones formuladas en nuestras dos Alertas Tempranas. No es una situación nueva la que están padeciendo las comunidades de Chambacú y Doidó, razón por la que urge un trabajo armonioso y decidido entre los distintos entes estatales, para que sean puestas en marcha acciones desde una perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque el propósito es evitar nuevos riesgos para quienes en este momento están siendo víctimas del rigor del conflicto armado”, indica el Defensor del Pueblo.
Cabe recordar que tanto las comunidades de Chambacú como las de Doidó vivieron a mediados de 2023 un desplazamiento masivo forzado.
La actual situación de orden público en el departamento del Chocó, sumado al reciente paro armado decretado por el ELN, agudizaría, de no ser emprendidas medidas efectivas, la situación humanitaria en la región altamente golpeada por el conflicto armado.
De acuerdo con el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, fracción del ELN, el objetivo del paro armado era llamar la atención sobre la presencia de Fuerzas Militares y paramilitares en el Chocó. A través de un comunicado emitido por la guerrilla, estos grupos han perpetuado la criminalidad, la barbarie y los atropellos contra las comunidades locales durante décadas.
Adicionalmente, se responsabilizó al Estado de estas acciones, argumentando que van en contra de la vida digna de las comunidades afectadas.
Durante el periodo de paro armado, que había iniciado el 10 de febrero y la suspensión entró en vigor a partir de las “00:00 horas del 14, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez agradeció a los pobladores por responder al llamado y destacó la ausencia de incidentes mayores. Sin embargo, también reafirmaron sus reclamos sobre la responsabilidad de los paramilitares en los asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia.
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