Luego de que Francisco Barbosa entregara su última declaración como fiscal general de la Nación, a partir de este martes 13 de febrero las riendas del ente investigativo queda a manos de la vicefiscal Martha Mancera, en medio de un ambiente tenso por las recientes solicitudes a la Corte Suprema de Justicia para elegir a la próxima cabeza de la Fiscalía.
Sin embargo, los 23 magistrados no han logrado ponerse de acuerdo para designar a la sucesora de Barbosa, por lo que a partir de ahora Mancera será la encargada de dirigir las investigaciones más delicadas que se adelantan en los juzgados, incluidos los recientes escándalos que involucran al presidente Gustavo Petro y algunos de sus familiares; el eterno proceso contra el expresidente Álvaro Uribe y otras investigaciones que incluyen a personalidades políticas del país.
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Uno de los más sonados y que a partir de ahora deberá liderar la fiscal encargada, es el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, quien se enfrenta a la justicia por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, después de que la Fiscalía encontrara material probatorio que lo vinculan a dineros del narcotráfico y de dudosa procedencia que serían inyectados a la campaña del hoy dirigente del país.
La pelea entre la Fiscalía y Petro Burgos se hace cada vez más fuerte, pues el ente acusado ahora busca agregar más cargos en su contra y lograr que el hijo del primer mandatario vaya a prisión, por lo que ha requerido a su expareja, Day Vásquez, para que se convierta en la testigo estrella de las actividades ilegales de Nicolás, mientras su defensa intenta persuadir a la justicia con mecanismos legales para disuadir las acusaciones.
Pero este no es el único caso que la Fiscalía adelanta contra el primer mandatario. Recientemente se conoció que el ente acusador adelanta un proceso contra varios allegados a la campaña de Petro tras el escándalo por el ingreso de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Aunque en su momento se afirmó que este ingreso fue donado al partido Colombia Humana, según un documento firmado por el fiscal Domingo José Ayala, la Fiscalía intenta comprobar que el aporte fue directamente a la campaña presidencial, lo que representa una violación a la legislación electoral colombiana, pues el dinero fue utilizado por la colectividad para pagar a al menos 80.000 testigos electorales en todo el país.
Otra de las investigaciones que quedará a cargo de Mancera, es la que se adelanta contra la exjefa de gabinete y ahora directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, quien se encuentra vinculada a un proceso para determinar si tuvo participación en la prueba de polígrafo que se le practicó a Marelbys Meza, exniñera de Sarabia y quien se convirtió en la primera sospechosa del robo de un maletín lleno de dinero.
Por su parte, la funcionaria ha declarado que no tuvo ninguna relación con los movimientos irregulares en los que se vio envuelto el equipo de seguridad de la Presidencia y la Policía, y comparecerá las veces que sea necesario para limpiar su nombre. “Renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengas los investigadores. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo”, indicó la directora del DPS en su última visita a la Fiscalía.
Otros casos relevantes que quedarán bajo el poder de Mancera incluyen la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, acusado de fraude procesal y soborno, y que en repetidas ocasiones ha sido tema de polémica por las intenciones de la Fiscalía para que un juez cierre el caso y el exmandatario quede exonerado, a pesar de las pruebas que impedirían concluir la investigación.
El proceso contra Óscar Iván Zuluaga, vinculado con la multinacional Odebrecht, por presuntamente ocultar financiación irregular en su campaña presidencial de 2014 también se desarrollará bajo las órdenes de Mancera. De hecho, la fiscalía lo acusa por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento Ilícito de particulares.
De momento, los ojos están puestos sobre la nueva cabeza temporal de la Fiscalía, mientras que varios sectores políticos siguen pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que se defina a la nueva fiscal general, después de dos jornadas de votación sin resultados concretos.
Sin embargo, todavía no se tiene garantías de que en el próximo encuentro de los 23 magistrados, que será el 22 de febrero, se pueda designar una funcionaria entre la terna escogida por Gustavo Petro, por lo que hay expectativa por las acciones que pueda emprender Mancera mientras se quede en el cargo, y más cuando en los últimos meses se ha destapado una tensa relación entre la Fiscalía y el primer mandatario.