Desde Federación Nacional de Departamentos hacen un llamado al Gobierno nacional para recuperar el orden público en las regiones

A través de una carta dela Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores manifestaron su firme rechazo a la persistente violencia e ilegalidad en Colombia, expresando su preocupación por los recientes actos delictivos, como el paro armado en Chocó y los atentados en Cauca y Valle del Cauca, que han generado temor y alterado la tranquilidad de las regiones.

En un comunicado difundido en la plataforma X, la federación condenó enérgicamente el ataque a la ruta escolar en Piamonte, Cauca, considerándolo una violación del Derecho Internacional Humanitario y exigiendo medidas contundentes para prevenir su repetición y capturar a los responsables.

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Asimismo, los mandatarios departamentales demandaron el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos atrapados en el paro armado en el Bajo San Juan, Chocó, y el cese de los hostigamientos en Tuluá, Valle del Cauca.

En relación con la situación en Tuluá, donde la banda delincuencial La Inmaculada ha sembrado el terror durante años, los gobernadores expresaron su solidaridad con la comunidad y repudiaron los actos violentos, especialmente el asesinato de un agente de Tránsito y el ataque a otro, ocurridos como retaliación por el traslado de presuntos cabecillas de la banda.

En la misiva, enfatizaron que los niños y niñas no deben ser involucrados en el conflicto armado, calificando cualquier acción terrorista contra ellos como despreciable y cobarde. Asimismo, resaltaron que incluso en tiempos de guerra, deben respetarse ciertos límites, insistiendo en que solo el cese de la violencia demostrará una verdadera voluntad de paz.

Los gobernadores respaldaron la declaración del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, instando a los grupos ilegales a ser coherentes y abstenerse de atacar a la población civil. Subrayaron que la seguridad de las regiones es un derecho fundamental de todos los colombianos, sumándose al llamado para restaurar el orden público en el país.

Luego del anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre el paro armado en Chocó, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que es una deslealtad la posición de la guerrilla frente a los acuerdos que se lograron en 6 de febrero de 2024.

Uno de los compromisos que se logró en La Habana, Cuba, fue el del cese bilateral al fuego, por lo que un paro armado en el Pacífico colombiano rompe con el acuerdo entre el Gobierno nacional y el ELN.

“La declaración de paro armado por el frente de guerra occidental del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones de la Habana”.

Para Otty Patiño, el paro armado no solo afecta las negociaciones, sino que también lo hace con derechos como la libertad a los pobladores de las comunidades que se han visto afectados en el Medio San Juan.

“Amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”.

Pero, el alto comisionado para la Paz no solo se pronunció sobre los hechos armados que ha llevado a cabo el ELN, también se refirió al ataque a un vehículo que transportaba estudiantes en Jamundí, Valle del Cauca, hecho que repudió por violar el derecho internacional humanitario.

“En municipios del departamento del Cauca y en el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, el Estado Mayor Central ha venido realizando acciones como las sucedidas el día de hoy en el municipio de Piamonte donde una estructura del EMC realizó un ataque armado a un vehículo de transporte escolar causando heridas a dos personas, acto que constituye un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el derecho internacional humanitario”.