CIDH le advirtió a la Corte Suprema: la falta de selección de la fiscal “podría debilitar el sistema de justicia colombiano”

Según la entidad el no concluir la elección del fiscal de una manera rápida podría afectar la fortaleza del sistema judicial colombiano

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Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo son las candidatas para reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal General - crédito Colprensa/Corte Suprema de Justicia. Montaje Jesús Avilés / Infobae
Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo son las candidatas para reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal General - crédito Colprensa/Corte Suprema de Justicia. Montaje Jesús Avilés / Infobae

A través de una publicación, se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene su atención sobre el proceso de selección del Fiscal General de la Nación en Colombia, enfatizando la importancia de una pronta designación para preservar la fortaleza del sistema de justicia del país.

Este proceso, coordinado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debía concluir el 7 de diciembre de 2023, pero se ha visto afectado por contratiempos que prolongarán la designación. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue de cerca el proceso de selección de la nueva persona Fiscal General de la Nación de Colombia. En este marco, recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”, fueron las palabras de la entidad.

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Los problemas surgieron tras la presentación de una terna de candidatos por parte del Presidente de la República el 2 de agosto de 2023. Sin embargo, desacuerdos políticos entre los magistrados y la falta de cuórum impidieron cumplir con el calendario previsto. Ahora, se espera que el ente judicial opere bajo una dirección interina desde el 12 de febrero de 2024.

El pronunciamiento se da luego de los hechos ocurridos en medio de las manifestaciones llevadas a cabo el 8 de febrero  - crédito Fernando Vergara/AP
El pronunciamiento se da luego de los hechos ocurridos en medio de las manifestaciones llevadas a cabo el 8 de febrero - crédito Fernando Vergara/AP

Estas demoras podrían tener implicaciones en el funcionamiento y la percepción de imparcialidad y eficacia del sistema de justicia en Colombia según la Cidh. La selección diligente de un Fiscal General idóneo es esencial para el fortalecimiento y la credibilidad de la justicia, especialmente en un país que enfrenta complejos desafíos legales y sociales. La Cidh recalca la urgencia de este nombramiento no solo como una cuestión procedimental, sino también como un pilar crucial para la consolidación democrática y el estado de derecho.

Según la Cidh, el 8 de febrero, Colombia fue escenario de 71 movilizaciones sociales a lo largo de su territorio, que se desarrollaron con calma, a excepción de algunos episodios de disturbios en Bogotá y Medellín. Estos eventos fueron reconocidos por el Estado como mayormente pacíficos. En este contexto, los acontecimientos situados alrededor del Palacio de Justicia no resultaron en agresiones hacia los magistrados o el personal, gracias a la intervención de la Policía Nacional que aseguró la salida segura de los trabajadores. Pese a la tranquilidad general, hubo reportes de agresiones a periodistas, según documentó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Dichas manifestaciones recibieron diversas interpretaciones por parte de las autoridades, variando desde ejercicios cívicos hasta ser vistas como amenazas a la independencia judicial. La Cidh subrayó la importancia de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la impunidad, resaltando la relevancia de su autonomía e independencia. La actual vacancia en su liderazgo y la presencia de cargos interinos podrían comprometer estas cualidades esenciales. La Cidh fue enfático en la necesidad de un proceso de selección transparente y justo para el cargo, de acuerdo con estándares interamericanos e internacionales.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro posteó la postura del Cidh frente a la elección de la nueva fiscal - crédito @petrogustavo/X
A través de su cuenta de X, el presidente Petro posteó la postura del Cidh frente a la elección de la nueva fiscal - crédito @petrogustavo/X

Además, la Cidh instó al Tribunal Supremo de Justicia, así como al Poder Ejecutivo, a asegurar un proceso de selección libre de presiones indebidas, enfatizando la importancia de la imparcialidad y la institucionalidad en la elección del titular de la Fiscalía. Además, anunció su continuo monitoreo sobre la situación, contando con el apoyo de su Relatoría Especial. Este llamado a la acción busca preservar la estructura democrática y el Estado de derecho en Colombia, enfocándose en la urgencia de finalizar el proceso de selección para este cargo crítico.

“La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible”, fueron las palabras exactas.

En vista del pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro posteó en su cuenta de X. Allí publicó que: “Se pronuncia la CIDH sobre la terna de fiscal y la Corte”. No obstante, no dio mayor detalle ni sentó una postura sobre las palabras que la Cidh le dedicó a la situación ocurrida en medio la elección de nuevo fiscal.

El papel del Cidh

La Cidh se conforma por siete miembros independientes, esta institución opera bajo el amparo tanto de la Carta de la OEA como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cumpliendo labores de asesoría y supervisión en la materia hacia los estados miembros.

Con lo anterior, los comisionados electos en su carácter personal por la Asamblea General de la OEA, no ostentan representación alguna de sus naciones de origen o residencia, una disposición que busca preservar la imparcialidad de su mandato.

La importancia de la CIDH se manifiesta en su capacidad para movilizar recursos y atención hacia situaciones de riesgo o violación de derechos, promoviendo así un cambio significativo en las políticas y prácticas gubernamentales. La integridad y profesionalismo de sus miembros contribuyen a que sus recomendaciones sean consideradas seriamente por los Estados, impulsando mejoras tangibles en la protección de los derechos de los ciudadanos.

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