Ante la arremetida violenta que emprendieron organizaciones criminales en contra de los guardianes del Inpec, el Ministerio de Justicia declaró emergencia carcelaria para poder tomar una serie de medidas que les permita controlar a los reclusos ante alteraciones del orden dentro de los penales.
El Consejo Directivo del Inpec decidió declarar esa medida luego de ataques contra dragoneantes que dejan a la fecha dos muertos y un herido. Además, se han difundido panfletos que anuncian de más acciones y se han realizado balaceras en contra de las instalaciones penitenciarias y vehículos oficiales.
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“Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia”, sostuvo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tras la reunión.
La declaratoria, a la que le faltan las firmas del presidente Gustavo Petro y del director de Planeación Nacional, le permite a las autoridades tomar diferentes medidas, algunas de ellas drásticas, tanto en determinadas situaciones como sobre los privados de la libertad, para impedir que se salga de control la situación.
La emergencia carcelaria le permite al Inpec recibir el apoyo inmediato de miembros de la Policía o el Ejército cuando se presenten situaciones de alteración del orden dentro de las cárceles. Ese acompañamiento normalmente debe contar con un proceso de autorización más extenso.
“Ya se ha dispuesto el acompañamiento de la Policía y del Ejército en el perímetro de las principales cárceles del país de modo permanente, y aleatorio también se hará en otras para llegar a todas las cárceles, pero esto se habilitaría cuando las circunstancias lo requieran a solicitud del director del Inpec, que la fuerza pública pueda apoyar el control del orden de los establecimientos penitenciarios”, explicó el ministro de Justicia.
Con la declaratoria, las autoridades podrán destinar recursos para financiar las medidas. Una de las que se ha propuesto fortalecer es la instalación de inhibidores de señal que bloqueen las comunicaciones por celular en las zonas de las cárceles.
“En eso requerimos el acompañamiento de las compañías de telefonía, pero también es una cosa de recursos, la implementación de un sistema costoso y gracias a la emergencia podemos lograrlo”, señaló Osuna.
Así mismo, bajo la emergencia se podrán limitar las visitas de los privados de la libertad. De acuerdo con el ministro de Justicia, se debe respetar el derecho a la comunicación de los reclusos con sus abogados, pero podrían ordenar su aislamiento y que solo se comuniquen por medios virtuales.
“En algunos casos en los que consideremos que hay personas que están utilizando las visitas para impartir órdenes o instrucciones relacionadas con la criminalidad, tomaremos esa drástica medida de limitar las visitas o restringirlas al máximo posible, no como una medida general nunca sino específica para personas que están incurriendo en esas actividades”, anunció el jefe de la cartera de Justicia.
También se realizarán traslados continuos y aleatorios de personas sospechosas de tener vínculos con la extorsión, como parte de la fase 2 del Plan Dominó, para cortarles cualquier vínculo con la guardia penitenciaria o con los mismos compañeros de prisión.
“Implementaremos todas las medidas, algunas son drásticas de disciplina carcelaria, pero están dirigidas al desmantelamiento de esa estructura La Inmaculada en Tuluá y otras organizaciones y la protección de la vida de la guardia que ha resultado víctima de estos hechos”, afirmó Osuna.
De acuerdo con el ministro, la arremetida violenta contra los guardianes del Inpec está relacionada con los operativos contra la corrupción y la extorsión desde las cárceles, así como la lucha contra la banda criminal la Inmaculada, que ha dejado a esas estructuras “muy golpeadas”.
Osuna sostuvo que no hay acercamientos con la banda La Inmaculada de Tuluá, por lo que se trata de una presión para diálogos de paz, como se lo confirmó el comisionado de Paz, Otty Patiño. Desde el Inpec ya ordenado el máximo aislamiento contra alias Pipe Tuluá, Andrés Felipe Marín Silva, en la cárcel de Valledupar; mientras esperan la llegada de alias Nacho.