Ante las recientes polémicas que rodean al Presupuesto Nacional 2024, especialmente por la incertidumbre sobre la asignación de aproximadamente $13 billones destinados a la cartera de Transporte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) convocó este lunes a los medios de comunicación para una rueda de prensa.
En este encuentro, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, manifestó su alarma por las repercusiones que este embrollo presupuestario podría tener en términos de seguridad jurídica y, consecuentemente, en la confianza de los potenciales inversionistas hacia Colombia.
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En la rueda de prensa, Juan Martín Caicedo expresó su preocupación al señalar que en el decreto de liquidación de presupuesto para el año 2024, el Gobierno nacional no especificó la asignación de 12,5 billones de pesos, que forman parte de los 13,6 billones previamente mencionados, destinados a garantizar los recursos de inversión para los proyectos manejados por Invías y la ANI. La omisión de esta desagregación está provocando una parálisis en el funcionamiento de estas entidades y en la ejecución de las obras que tienen a cargo.
“Sin embargo, la CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”, dijo el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Además, el líder gremial advirtió que la actual situación no solo podría obstaculizar la reactivación económica y mermar la confianza de los inversores, sino que también comprometería la seguridad jurídica. Subrayó que este impase amenaza la continuidad y el progreso de un modelo crucial, el de las Asociaciones Público-Privadas (APP), que en los últimos treinta años ha sido fundamental para superar un déficit de cien años en la infraestructura de transporte, contribuyendo significativamente al desarrollo del sector, según sus palabras.
Sobre esta situación, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo comentó que “esta situación está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta”.
Caicedo comentó acerca de las declaraciones del Ministro de Hacienda sobre la posible reconfiguración del pago de las vigencias futuras, indicando que tales pagos podrían estar condicionados al progreso de la obra. De acuerdo con él es crucial entender que las vigencias futuras juegan un papel fundamental en la financiación de proyectos, asegurando los recursos que aporta el sector privado para la ejecución de obras.
“De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley, para sancionar dicho atraso”, comentó.
Sobre lo anterior, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, comentó que “es un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos, porque necesitamos el recurso para otras. Esto implica renegociar las vigencias futuras viendo el grado de avance de cada una de ellas”.
Caicedo señaló que la falta de expedición del Decreto de liquidación ya ha tenido consecuencias palpables, particularmente en varios programas del Invías, como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas. Esta situación ha resultado en la suspensión de contratos de alrededor de 2.600 microempresarios desde el 31 de enero de este año, debido a que no es posible adicionar los contratos bajo las circunstancias actuales.