Alcalde de Tuluá hizo un llamado a Gustavo Petro para solucionar situación de orden público en el Valle del Cauca

Luego de las acciones terroristas que se registraron en Tuluá, Valle del Cauca, en la que un agente de tránsito fue asesinado y cinco taxis quemados, el alcalde del municipio, Gustavo Vélez, hizo un llamado al Gobierno nacional para que ayude a solucionar la situación con la estructura delincuencial La Inmaculada.

Así lo dio a conocer el alcalde Vélez en una entrevista para Noticias Caracol en la que aseguró que desde el municipio se le hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para que trabaje de manera conjunta con las autoridades locales y darle una solución a lo que se registra en Tuluá.

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“Se le hizo un llamado al Gobierno nacional para que nos acompañe en todo este trabajo que requiere fundamentalmente del apoyo del Inpec, del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior”, comenzó por explicar el alcalde.

Gustavo Vélez también hizo una impactante revelación, pues confirmó que a lo largo de la última década, La Inmaculada ha dejado un total de mil muertos, por lo que describió la situación en el municipio como compleja.

“El contexto de lo que se está viviendo en Tuluá es muy complejo, porque esta banda delincuencial lleva cometiendo actos criminales hace muchos años, y si hablamos solamente de los últimos diez años, han perpetrado más de mil homicidios. Esta es una cifra que a nadie le corre por la cabeza, porque además siempre se hacen evaluaciones del momento o del mes o del año, pero cuando resumimos esto, es una banda delincuencial que ha asesinado a más de mil personas en nuestro municipio”.

Una de las razones por las que el alcalde Vélez ha solicitado la ayuda del Gobierno nacional son las negociaciones que ha propuesto La Inmaculada, por lo que aseguró que es el Ejecutivo el que debe analizar la situación y ver qué tan factible son los términos para dialogar con los delincuentes.

“Cuando hablan de negociación con el Gobierno nacional, entonces es el Gobierno es el que debe definir y el Gobierno evaluará todas esas condiciones. El presidente dice que no va a aceptar chantajes ni presiones, entonces que si tienen una intención de diálogo, que hablen con el Gobierno, pero que demuestren que hay actos reales”.

Tras los ataques, el alcalde Gustavo Vélez confirmó que la noche del domingo 11 de febrero habrá toque de queda desde las 8:00 p. m. con el fin de evitar nuevos actos delictivos que afecten a los pobladores. La medida, que regirá hasta las 6:00 a. m. del lunes 12 de febrero, quedó en firme luego de que Vélez firmara un decreto.

“Se tomaron varias medidas, vamos a hacer toque de queda esta noche también, se va a hacer restricción de movilidad de motocicletas a partir de mañana, lunes, después de las 10 de la noche, se van a intensificar todas las acciones de inteligencia y de operatividad, tanto de la Policía como del Ejército, y por supuesto, también de la Fiscalía”.

Según explicó el alcalde Vélez, las horas después de los ataques han sido horrorosas, puesto que no solo se registró la muerte del agente de tránsito, sino que varios vehículos fueron incinerados y hasta un menor de 12 meses resultó herido por una bala perdida.

“Para nosotros ha sido horroroso lo que sucedió en el día de ayer. Asesinaron a un agente de tránsito, hay otro que se debate entre la vida y la muerte, asesinaron a otra persona y al asesinar a esa persona impactaron con una bala perdida a una madre con un niño de 12 meses que hoy también se debaten entre la vida y la muerte. Afectaron a los taxistas, quemaron cinco vehículos y nosotros veíamos a la gente llorando por la quema de sus vehículos”.

Por tal motivo, luego de los hechos delincuenciales se llevó a cabo un consejo de seguridad en la que se llegaron a varias conclusiones como el apoyo permanente del Ejército Nacional a través del Batallón de Alta Montaña N. 10 de la Tercera Brigada con un pelotón y varias motocicletas.

También, se movilizará una compañía del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas a Tuluá con el propósito de reforzar los trabajos de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional en el casco urbano del municipio.