El Cric amenazó con “reactivar la minga” y marchar a Bogotá, por demoras en elección de fiscal

La elección a la nueva fiscal general de la Nación ha dado de qué hablar durante los últimos días, en esta ocasión las presiones contra la Corte Suprema de Justicia no cesa y desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se anunció con una movilización a Bogotá y “reactivar la minga social” para exigirle al alto tribunal una decisión.

A través de un comunicado titulado “si el cambio no se da, la minga del suroccidente se moverá”, la Cric amenazó con que se viene “la hora cero”.

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El documento difundido en su sitio web, el Consejo indicaron que una de las razones para convocar esta jornada es: “Los constantes intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia, una evidente mafia que se toma la justicia para privilegiar los intereses de unos pocos, y una persecución y señalamiento permanente a los sectores sociales, sindicales y populares que atenta los derechos y libertades en nuestro país”.

Entre líneas seguidas, la Cric agregó que entre otras razones que los motiva a mantener la protesta “no en contra de la justicia, sino en contra de las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego, elegido democráticamente por la mayoría de la ciudadanía colombiana”.

Durante la jornada de manifestaciones el jueves 8 de febrero hubo representantes de 11 pueblos indígenas (Polindara, Nasa, Misak, Epedara- Siapidara, Yanakuna, Totoroez, Embera, Kokonuko, Ambaló Kisgo e Inga) y allí se decidió reactivar la minga del sur occidente.

De esta manera, la Cric aseguró que las marchas son una presión a la Corte Suprema de Justicia nombre al nuevo fiscal general:

“La movilización del ocho de febrero nos permitió escucharnos entre sectores, quienes coincidimos en que es necesario que la Corte Suprema de Justicia nombre rápidamente al nuevo fiscal general, con el fin de brindar seguridad constitucional y política al país; así mismo, concordamos en llamar a la ‘murga’ de la derecha para que cesen, con sus calumnias y hostigamientos, la intención de dañar el proceso democrático en Colombia”, enfatizaron.

Finalmente, el Consejo Regional realizó una convocatoria respaldada por el Gobierno de Petro, y una amenaza contra la seguridad de los magistrados:

“Convocamos a la unidad, a juntar fuerzas, a caminar en torno a la garantía de los derechos y como pueblos indígenas del Cric, ante los últimos anuncios de la Corte Suprema de Justicia de aplazar la elección de la nueva fiscal, de las campañas de desprestigio contra el Gobierno del cambio lideradas por medios de comunicación masivos y un sector político acostumbrado a tener el Poder Ejecutivo a sus servicios, anunciamos que pronto llegará la hora cero para reactivar la minga social y comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz”, concluyó el documento.

En una reciente participación durante la Cumbre de Gobernadores en Cartagena, el presidente Gustavo Petro abordó la controversia en torno a la demora de la Corte Suprema de Justicia para nombrar al nuevo fiscal General de la Nación. Petro señaló directamente a “sectores ajenos a la justicia” de entorpecer el proceso, insinuando que hay una campaña para impedir que un fiscal alineado con las políticas actuales del gobierno pueda asumir el cargo:

“Es una paradoja de la vida colombiana que, si en la terna hay personas decentes, ahí sí hay un problema”, argumentó el mandatario, subrayando la resistencia de ciertos sectores del poder y medios de comunicación contra la aplicación de la Constitución de 1991.

Además, el jefe de estado recalcó la importancia de mantener la integridad institucional, haciendo referencia a recientes revelaciones sobre posibles conexiones de algunos miembros de la Fiscalía en Buenaventura con el narcotráfico. “Yo no soy indolente y arrogante ante las consecuencias de entregarle la Fiscalía a la señora Marta Mancera”, dijo.

Petro hizo un llamado a la importancia de una prensa y una ciudadanía activa en el control y transparente gestión de las instituciones. “Nada más prístino que una ciudadanía y una prensa que lucha porque las instituciones no sean tomadas por las mafias”, mencionó, ensalzando la labor de denuncia y vigilancia sobre el poder.

Además, el presidente aseguró que la vicefiscal Mancera tiene “todo el derecho de replicar esas informaciones”, fortaleciendo así el diálogo y la exigencia ciudadana por una justicia clara y sin ataduras corruptas. Esto, junto a las garantías ofrecidas por el gobierno, busca reafirmar el compromiso de su administración con una gestión pública transparente y alejada de los intereses de grupos narcotraficantes y corruptos.