La emisora colombiana W Radio ha tenido conocimiento de una petición de firmas iniciada recientemente para solicitar al Gobierno nacional el cambio de la titular del Consulado de Valencia en España, el tercero más importante en este país y hogar de cerca de 120,000 colombianos residentes.
Junto con la recolección de firmas, se envía una carta al presidente Gustavo Petro, al Canciller Álvaro Leyva, a los presidentes de Senado y Cámara, y a la Procuradora Margarita Cabello, en la que se expresa desilusión e inconformidad con el servicio y la atención en el consulado bajo la dirección de la Sra. Gillian Maghmud Galindo. Se solicita considerar su reemplazo por alguien con un conocimiento profundo y un sentido social que carece la actual titular.
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La iniciativa proviene de la Organización SOS Colombia, formada por colombianos residentes en España, que denuncia situaciones de desamparo ante el sistema de citas que, según dicen, no funciona y obliga a las personas a hacer filas interminables en la calle.
La organización, fundada en 2021 en respuesta al estallido social en Colombia contra el gobierno de Iván Duque, respalda al presidente Gustavo Petro y sus políticas exteriores.
La gestión de la titular del consulado ha sido objeto de denuncias por parte de otra organización, la Asociación Colexret, que ha enviado quejas a la Cancillería por lo que consideran “desobediencia y extralimitación de funciones”.
La Cónsul Maghmud también ha denunciado ser víctima de mafias de tramitadores que la estaban extorsionando tras poner fin al sistema de citas en línea. En su cuenta de X, afirmó que la información sobre este intento de extorsión está en manos de sus abogados y que continuará cumpliendo con su deber.
El platal que le costarán al país las nuevas embajadas del Gobierno
El gobierno de Gustavo Petro ha anunciado la creación de nueve embajadas y la expansión de personal en la Cancillería, lo que implica una inversión anual cercana a los $55.000 millones de pesos.
Esta decisión, destinada a robustecer la presencia internacional de Colombia y sus relaciones diplomáticas, ha suscitado discusiones sobre su impacto económico, especialmente en momentos en que se espera austeridad financiera por parte del Ejecutivo.
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La cifra destinada abarca diversos gastos asociados con el establecimiento y funcionamiento de las nuevas legaciones, incluyendo costos de instalación, alojamiento, transporte, viáticos y organización de oficinas en el exterior. La medida busca no solo ampliar la influencia diplomática de Colombia, sino también facilitar la gestión de asuntos internacionales de manera más eficiente.
A pesar de sus objetivos, la inversión ha levantado interrogantes sobre la necesidad y la gestión de los recursos asignados en un momento económico delicado para el país.
El desembolso para ampliar la red diplomática colombiana genera debate sobre su justificación y el equilibrio entre el gasto y los beneficios esperados. Sectores críticos y la opinión pública están atentos a la transparencia y efectividad con la que se maneje esta inversión, destacando la importancia de una supervisión rigurosa en el uso de fondos públicos.
La iniciativa de Gustavo Petro marca un punto significativo en la política exterior del país, reflejando un intento de fortalecer lazos internacionales, pero al mismo tiempo pone a prueba la capacidad del gobierno de administrar proyectos de gran envergadura con responsabilidad fiscal.
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