En un desarrollo clave dentro del sistema judicial colombiano, la Corte Suprema de Justicia dictó condena contra los exsenadores Miguel ‘El Ñoño’ Elías y Musa Besaile Fayad, ambos miembros del Partido de la U. Los políticos fueron encontrados culpables de participar en actividades corruptas asociadas al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), lo que además provocó órdenes de captura en su contra. Este veredicto se conoció a pesar de los intentos de manifestantes por bloquear el acceso al Palacio de Justicia, quienes expresaban su descontento con la elección de fiscal general y la designación de Martha Mancera como fiscal interina.
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La investigación y el posterior juicio revelaron cómo Elías y Besaile Fayad se implicaron en una red de corrupción diseñada para desviar fondos del Fonade, destinados al desarrollo de proyectos en Colombia. Además de los exsenadores, en el caso también se mencionaron a dos prominentes figuras políticas: Néstor Humberto Martínez y Armando Benedetti, cuyos nombres aparecieron vinculados al escándalo, aunque su grado de involucramiento aún no se ha definido claramente. La Corte Suprema no solo enfocó su atención en los actos ilícitos de los acusados, sino también en la estructura sistemática de corrupción que permitió estas actividades.
Según El Espectador, fuentes judiciales revelaron que Martínez, durante su periodo como ministro, intentó posicionar a Fonade bajo el control del Partido de la U, asegurando que esta entidad se convertiría en “una posición que sea del partido”. Tal afirmación fue corroborada por testimonios de Elías ante la Corte Suprema de Justicia, indicando que Martínez les comunicó directamente esta intención. Adicionalmente, Musa Besaile concordó con este relato, subrayando el interés de Martínez por delegar la dirección de Fonade al partido político.
De acuerdo con lo dicho por el diario, un cambio en los planes surgió cuando se evidenció que Martínez estaba retrasando deliberadamente la entrega de la dirección de Fonade. Según lo expuesto por Besaile, este y Elías mantuvieron una reunión con el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, condenado posteriormente por su involucramiento en el ‘cartel de la toga’. En este encuentro, Ricaurte les señaló que posiblemente Martínez no cumpliría con lo prometido respecto a Fonade. Como resultado, decidieron respaldar a Alfredo Ramón Bula Dumar, candidato sugerido por Ricaurte para dirigir el Fondo, el cual era considerado un protegido del también exmagistrado condenado Gustavo Malo.
Este intricado juego de influencias buscaba, asimismo, el apoyo de José Leonidas Bustos, por entonces presidente de la Corte Suprema, que, además de ser “amigo íntimo” de Martínez, avaló la candidatura de Bula Dumar para la dirección de Fonade. En el entramado de corrupción también se menciona a Armando Benedetti, recientemente nombrado embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como una de las figuras políticas relacionadas con estas maniobras corruptas, según se desveló en las pruebas presentadas ante el alto tribunal.
Martínez y Benedetti fueron mencionados, en total, catorce veces en el veredicto que constató su vinculación con este caso de corrupción, repartidos en siete menciones cada uno.
Es de recordar que la Corte Suprema de Justicia investiga a Armando Benedetti desde 2022 por su presunta implicación en una red de corrupción del Fondo, según revelaciones del testimonio de Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade. Lo anterior, luego de que la Fiscalía le compulsara copias del testimonio al alto tribunal. “El senador Benedetti, junto con sus colegas, recibieron como cuota política el manejo de Fonade”, indicó la Fiscalía.
Jorge Iván Henao desempeñó un papel crucial en el escándalo, al sostener una reunión en 2016 con Benedetti para acordar un contrato para Certicámara, una maniobra que subraya el entramado de corrupción. Este acto llevó al llamado a juicio de Henao y cinco personas más, incluida Elsy Mireya Pinzón, exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti. Tales hechos se detectaron tras minuciosas investigaciones que evidenciaron las repetidas visitas de Pinzón a Fonade con el “único fin de gestionar la adjudicación del contrato”, visitas que se intensificaron después de la mencionada reunión entre Henao y Benedetti.
Las investigaciones apuntan a que los implicados desviaron recursos del Fonade, afectando gravemente la integridad de este fondo destinado al desarrollo. La Fiscalía señaló explícitamente que los acusados, “contrariando su deber como servidores públicos destinaron esos millonarios recursos del Fonade para enriquecerse ilícitamente”.
El escándalo también destaca la presunta vinculación de estos políticos con el cartel de la Toga, un caso previo de corrupción que involucra a altos funcionarios del sistema judicial colombiano. Según la Fiscalía, Benedetti “se benefició de las entregas o pagos burocráticos del Gobierno al senador Elías y de los millonarios contratos entregados por Fonade a los integrantes del cartel de la Toga”. Estas declaraciones sugieren una red de corrupción extendida y profundamente arraigada en el Estado colombiano, demostrando los desafíos que enfrenta el país en su lucha contra la corrupción.