Así fue el homicidio de Guillermo Cano por el cual el Gobierno Petro pidió perdón en nombre del Estado

El 17 de diciembre de 1986 a las 7 de la noche, en un ataque dirigido por Pablo Escobar, Guillermo Cano Isaza, director del periódico El Espectador, fue asesinado al ser atacado por dos sicarios en la ciudad de Bogotá.

Cano, que había recibido múltiples amenazas por sus denuncias contra el narcotráfico, en especial contra el jefe del cartel de Medellín, y que fueron publicadas a través de su medio, perdió la vida tras un atentado mientras se dirigía a su casa. Este trágico suceso marcó el inicio de una serie de violentos actos contra aquellos relacionados con Cano y el periódico que más adelante también sería objetivo militar del capo, Pablo Escobar Gaviria.

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La muerte de Cano evidenció la vulnerabilidad y la falta de protección estatal hacia los periodistas que se atrevían a denunciar los crímenes relacionados con el narcotráfico en Colombia. Este asesinato, perpetrado a plena luz del día en la capital colombiana, no solo impactó a la nación, sino que desencadenó una violencia sistemática contra El Espectador y personas vinculadas al caso.

En los años siguientes, varias figuras asociadas al periódico y al proceso judicial del asesinato de Cano fueron objetivo de ataques, incluidos asesinatos y atentados terroristas.

La impunidad inicial y las amenazas contra jueces y abogados vinculados al caso reflejaron una época oscura donde el poder del narcotráfico desafió abiertamente al Estado colombiano.

Sin embargo, en 1997 cuando el caso ganó tracción internacional al escalar a la Cidh y, en 2001, el Estado colombiano fue reconocido como el responsable por no brindar la debida protección a Guillermo Cano.

Este reconocimiento representó un avance hacia la justicia, aunque aún quedan pasos significativos por dar, incluida una posible consideración del caso por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos.

La lucha por la justicia en el asesinato de Guillermo Cano continúa siendo un símbolo de la resistencia contra la impunidad y la violencia hacia la prensa en Colombia. Su legado permanece vigente en la defensa de la libertad de expresión y el papel fundamental del periodismo en la denuncia de la corrupción y el crimen organizado.

Después de más de tres décadas, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, ocurrido en 1986.

Esta histórica declaración se llevó a cabo el 9 de febrero, coincidiendo con el Día del Periodista, en un acto público liderado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. La ceremonia respondió a las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que ordenó al gobierno colombiano pedir perdón y comprometerse con varias medidas reparadoras para la familia Cano y para la protección de los periodistas del país.

“Doña Ana María, familiares, periodistas de El Espectador, sociedad colombiana les ruego que acepten la solicitud de perdón del Estado colombiano y del Gobierno colombiano”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante el evento.

El homenaje a Guillermo Cano no se limitó al pedido de disculpas. El gobierno se comprometió a continuar con las investigaciones para dar con los responsables del crimen a través de la Fiscalía, producir un documental sobre la violencia ejercida contra El Espectador y sus trabajadores, y aplicar la Ley 288 de 1996 para compensar tanto daños materiales como inmateriales.

Este conjunto de acciones apunta no solo a hacer justicia en el específico caso de Cano, sino también a reconocer y proteger el papel fundamental de la libertad de prensa en la sociedad colombiana.

La familia Cano expresó su deseo de que este acto no sea percibido como una conclusión, sino como el inicio de un esfuerzo más amplio por reconocer a todas las víctimas de la violencia contra periodistas, jueces y otros colombianos que han sufrido en manos de actores criminales. Subrayan su esperanza de que la memoria de Guillermo Cano y otros como él sea finalmente honrada y se garantice justicia.

Este emblemático caso subraya la lucha persistente por la seguridad y la libertad de prensa en Colombia, un país marcado por años de conflicto y dominación de carteles de narcotráfico que no solo silenciaron a medios y periodistas, sino que también desencadenaron una vasta ola de violencia y miedo. La decisión del Estado de asumir su responsabilidad constituye un paso crítico hacia la reconciliación y el respeto a los derechos humanos.