El Gobierno de Gustavo Petro presentará cambios importantes en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (Etcr), esenciales para el correcto tránsito a la vida civil de los excombatientes de las Farc que firmaron los acuerdos de Paz de la Habana, en 2016.
“...lugares para el desarrollo de actividades que faciliten la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los ex miembros de las FARC-EP debidamente acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los términos del artículo 2 del Decreto Ley 899 de 2017 y para realizar actividades misionales de las entidades del orden nacional y territorial destinadas a las comunidades aledañas”, se lee en el Decreto 1274 de 2017 sobre los Etcr.
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Los cambios revelados por El Espectador representarían un aliciente en medio de la tensa relación entre algunos reincorporados de las extintas Farc y la JEP, en la que hicieron reparos por la forma como se vienen abordando los procesos judiciales de los procesados.
En los folios divulgados por el medio citado, destacan la importancia en que permanezcan los Etcr, dado que jurídicamente la normativa que le daba continuidad había vencido. El Gobierno sostuvo en los apartes que estos espacios se deben garantizar.
“Lo cierto es que esto no ha representado la desaparición física de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación habitados, toda vez que a hoy, las actividades que facilitan la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los exmiembros de las FARC-EP persisten y, por tanto, la existencia de los fáctica es evidente y por ende, han seguido siendo objeto de administración por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)”, indicó el documento revelado.
Para el Gobierno, es necesario continuar con los Etcr y fortalecer los nuevos espacios de procesos de reincorporación de manera colectiva que han surgido en lugares diferentes a lo establecido inicialmente en las normativas del Acuerdo de Paz, llamados Nuevas Áreas Especiales de Reincorporación (Naerc), lo que puede suscitar en riesgos para la seguridad de los firmantes de La Habana.
“El asentamiento en diferentes zonas del territorio nacional de grupos armados al margen de la ley ha afectado el proceso de reincorporación de quienes se encuentran asentados en las denominadas Nuevas Áreas Especiales de Reincorporación; así mismo, se precisa que en estos espacios el riesgo para la población se manifiesta en violencia homicida, conminación al desplazamiento y amenazas. La falta de reconocimiento legal de estas territorialidades de los firmantes de paz ha supuesto la exacerbación de estos riesgos”, se lee en el documento de la ARN.
En los documentos oficiales se registra un monto de $119.000 millones asignados a los recursos del Programa de Reintegración Integral. Se especifica que, dentro de esta asignación, se destinarán $1.800 millones para impulsar la oferta de programas de educación inicial y atención integral en espacios colectivos como Aerc, centros urbanos y cabeceras municipales, lugares donde se lleva a cabo el proceso de reincorporación.
Adicionalmente, se señala que otros $293.000 millones serán asignados con cargo a los recursos del Fondo Colombia en Paz (FCP). Estos fondos están destinados a financiar diversas iniciativas, como asistencia técnica, proyectos relacionados con discapacidad, proyectos productivos, fortalecimiento asociativo, fortalecimiento de formas asociativas, estrategias de sostenibilidad, entre otras áreas específicas.
El Gobierno tiene la intención de construir soluciones de vivienda temporal en las Naerc identificadas, destinando $31.300 millones provenientes del Fondo Colombia en Paz; y $2.500 millones provenientes de ONU Hábitat y el Programa Mundial de Alimentos WFP, a través del proyecto ‘Una estrategia para la inclusión Territorial efectiva y la Seguridad Alimentaria’. Al documento le falta el visto bueno y firma del presidente Gustavo Petro para comenzar con su implementación.