Contraloría cerró investigación por la compra del jet de 12 millones de dólares para la Policía

En una decisión un tanto confusa, la Contraloría ha determinado finalizar la investigación sobre la adquisición de un Jet Legacy 600 por parte de la Policía Nacional, un proceso que había sido señalado por presuntas irregularidades financieras casi dos años atrás.

Esta resolución cierra un capítulo de casi 48 meses de escrutinio sobre una compra que inicialmente despertó sospechas por un posible detrimento patrimonial estimado en 12 millones de dólares (aproximadamente 48 mil millones de pesos colombianos) debido a los lujos del interior de la aeronave y otras inconsistencias administrativas.

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De acuerdo con un reporte de Cambio, se había podido determinar que los informes delataron “un detrimento patrimonial”. De hecho, en diciembre de 2023 la misma Contraloría anunció que sí se había incurrido en errores a la hora de comprar la aeronave

Ahora bien, de acuerdo con la información que recibió Caracol Radio en su programa 6AM, la Policía Nacional había acudido a un recurso de revisión que buscara examinar con mayor detalle la decisión de abrir la investigación.

La indagación se centró en la pertinencia y la justificación detrás de la renovación de la flota de la institución realizada en mayo de 2022, con un énfasis específico en el lujo y las especificaciones del avión ejecutivo Embraer Legacy 600. Inicialmente, la Contraloría había descubierto una serie de fallos en el proceso de adquisición en los que incluyó un total de 19 hallazgos administrativos, uno de los cuales señalaba una presunta afectación a las arcas públicas, mientras que los restantes incursionaban en lo penal y otras incidencias relacionadas.

Entre los cuestionamientos levantados por la Contraloría se encontraba la adecuación del avión, diseñado para 13 pasajeros pero que aparentemente no cumplía con los requerimientos de un convenio firmado entre la Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac) para comprar las aeronaves. Allí, además, se criticó la coherencia entre la adquisición de este tipo de aeronave con los modelos de planeación previstos por las fuerzas de seguridad, así como la estructuración y ejecución del proyecto.

Según el informe de auditoría entregado por la delegatura del sector defensa y seguridad, se confirmó “un grave error” en la compra de esta aeronave con un valor de 12 millones de dólares, equivalente a 48.000 millones de pesos colombianos, que no cumplía con las necesidades operativas de la institución. La investigación concluyó que la adquisición “sí representó un detrimento del patrimonio público” debido a que no satisfacía el interés social perseguido, lo que ha puesto en riesgo los recursos públicos.

La polémica se intensificó cuando se divulgó un segundo informe por parte del delegado para la Gestión Pública de la Contraloría, José Ignacio Arango Bernal, que contradecía las conclusiones iniciales bajo el argumento de que “no se puede hablar de un daño al patrimonio del Estado”, ya que el avión estaba siendo utilizado conforme a las necesidades expresadas por la Policía Nacional.

Aunque este informe generó cuestionamientos sobre la objetividad y fiabilidad de las auditorías realizadas, sirvió para que desde la actual Contraloría de Carlos Mario Zuluaga se cerrara la investigación con la crítica de que tomó la decisión sin consultar.

El presidente Gustavo Petro, al tomar conocimiento de la situación en agosto de 2022, solicitó la suspensión de futuras compras de este tipo. En ese momento, señaló la importancia de revisar los criterios bajo los cuales se realizan adquisiciones importantes para instituciones públicas. Por cuenta de las palabras de Petro, la Policía Nacional y la Ciac decidieron suspender la compra de otros dos aviones tipo ejecutivo que se planeaban adquirir.