
Los excongresistas Musa Besaile Fayad y Bernardo Ñoño Elías fueron condenados por el escándalo de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
La condena se conoció después de que, en enero de 2023, los acusados aceptaran cargos ante la Corte Suprema de Justicia, por el delito de tráfico de influencias a servidor público en el proceso de contratación de Fonade.
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Así las cosas, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Musa Besaile a 32 meses y 24 días de prisión. Además, deberá pagar una multa de 68 salarios mínimos legales vigentes y cumplir con inhabilidad política de 3 años y 4 meses.
Por su parte, Bernardo Díaz recibió una pena privativa de la libertad de 39 meses y 3 días, con una multa de 75 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones públicas de cuatro años.


El caso de corrupción en Fonade
La historia de los entonces senadores empezó en 2017, cuando la Fiscalía General de la Nación comprobó la existencia de una organización criminal que preparó la adjudicación irregular de contratos desde Fonade.
En medio de las investigaciones, los congresistas Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías fueron señalados de utilizar su influencia política y su poder regional para participar en los contratos de interventoría y entregárselos a personas que no cumplían los requisitos legales.
“La investigación tiene origen en una invitación hecha por Fonade, el 2 de marzo de 2017, para adjudicar la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en la Fase II del programa de vivienda gratuita, que se desarrolla en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila”, informó en su momento el ente investigador.
En el caso puntual del Ñoño Elías, habría influenciado para que un contrato de interventoría fuera adjudicado al Consorcio Interviviendas, mediante presiones a Jorge Iván Henao Ordóñez, exgerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre 2016 y 2017.
Musa Besaile recibió beneficio de casa por cárcel en medio de otro proceso judicial

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le otorgó prisión domiciliaria al exsenador Musa Besaile, condenado por alianzas con grupos paramilitares.
El excongresista del Partido de la U se encontraba pagando una pena de siete años en la cárcel para miembros de la fuerza pública de alta y mediana seguridad ubicada en el Batallón Cacique Tirrome, de la Brigada 11 del Ejército Nacional, en la capital de Córdoba.
Cabe recordar que Besaile había sido trasladado meses antes a una clínica de Montería, debido a problemas cardiacos. Sin embargo, su estado de salud habría resultado estable y sin mayores complicaciones.
Según conoció El Tiempo, guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coordinaron su traslado el jueves 4 de enero y lo tienen bajo custodia.
En varias oportunidades, la defensa del exsenador había solicitado la modificación de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad o, en su defecto, la detención domiciliaria.
En diciembre de 2022, el político aceptó haber negociado con paramilitares, uno de ellos Salvatore Mancuso, con el propósito de hacer campaña para la Cámara de Representantes entre 2001 y 2002. De hecho, en aquella ocasión a Besaile se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley por haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En septiembre de 2023, Musa Besaile aceptó cargos ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Lo anterior, por constituir y liderar el denominado cartel de la Hemofilia, hechos ocurridos en el período 2012-2015, cuando en colaboración con el entonces gobernador de Córoba Alejandro José Lyons y varias IPS, se aliaron para desviar fondos públicos del departamento hacia sus propios bolsillos, ordenando falsos diagnósticos, resultados de laboratorio fraudulentos e incremento injustificado de paciente con hemofilia en el departamento.
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