A través de un documento de 22 páginas Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical, dio a conocer su propuesta de reforma a la justicia luego de que el Gobierno nacional lo convocara dentro de un grupo de expertos para conocer sus ideas frente a un cambio estructural del aparato judicial del país.
En el documento Vargas Lleras expone que justicia colombiana está entorpecida y que por eso hay impunidad en el país, debido a la burocracia y la ineficiencia en los distintos niveles dentro de las entidades estatales y propuso la eliminación de algunas para ahorrar dinero y evitar la corrupción.
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“La justicia colombiana tiene múltiples niveles de ineficiencia, impunidad e inseguridad jurídica desoladores. Una justicia rápida, confiable y predictiva es un instrumento indispensable dentro de un Estado moderno a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos y de asegurar la resolución idónea, integral y definitiva de todos los conflictos, sin importar su cuantía o motivación. Un buen sistema aumenta los niveles de trasparencia y de competitividad económica”, sostuvo Vargas Lleras al inicio del documento.
Entre los argumentos expuestos por el exvicepresidente para justificar la reforma a la justicia está la terrible ubicación de Colombia en los sistemas internacionales de medición de efectividad de justicia.
Sostuvo que los pleitos judiciales en el país se solucionan, en promedio, en 1.288 días; que solo el el 2,3 % de la totalidad de los casos penales son juzgados y que Colombia es un país sobrelegislado con más de 2.000 leyes expedidas desde la creación de la Constitución de 1991.
Por lo anterior propuso la eliminación de varias entidades que, según él, entorpecen los procesos jurídicos nacionales y que no cumplen con sus funciones.
Eliminar la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades
Entre las polémicas propuestas de Vargas Lleras está eliminar dos de los principales organismos jurídicos del país: la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y las Contralorías regionales.
En el primer caso el líder de Cambio Radical indicó que luego de una sentencia proferida por la Corte Constitucional el año pasado, en la que se estableció que las inhabilidades dictadas por la Procuraduría deberán ser avaladas por un juez, la entidad perdió competencias y su trabajo sería en vano si un juez llega a contradecir las decisiones que tome, por lo que representaría un desgaste de recursos, tiempo y de personal capacitado que puede apoyar en otras labores dentro de la rama judicial.
“Es necesario pensar en fortalecer la Rama Judicial con las capacidades y experticias delos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la cual lamentablemente perdió competencias para investigar aforados (Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, Etc.), es decir, su existencia se volvió inocua”, aseveró Vargas Lleras.
Sobre el Consejo Superior de la Judicatura, la propuesta de reforma indica que el organismo cumple solo funciones administrativas y que sus funciones son similares a las del Consejo de Gobierno Judicial, por lo que es viable su eliminación.
“Se pretende la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear la Dirección de la Administración Judicial, con el fin de que esta ejerza la gerencia en la Rama Judicial”, propuso Germán Vargas Lleras.
Finalmente, frente a las Contralorías locales, el excandidato presidencial dijo que eran entidades independientes y, prácticamente, desligadas del nivel central, situación que representaban tres inconvenientes:
- Impide formular políticas de control fiscal a nivel nacional.
- Los contralores departamentales, distritales y municipales tienen que indagar por las actuaciones en las que participaron sus electores.
- Al ser entes independientes muchas contralorías no cuentan con recursos para llevar a cabo las investigaciones fiscales.
“Es necesario eliminar esta dispersión, por lo tanto, se propone centrar todo el control fiscal en la Contraloría General de la República”, reza el documento.
Entre otros puntos clave de la propuesta de reforma propuesta por Vargas Lleras, está otorgarle poder a los notarios, centros de arbitraje y conciliación, y abogados para resolver controversias litigiosas.
Además busca generar una restructurar el sistema penitenciario del país (Inpec) para que “se convierta en una Dirección adscrita a la Policía Nacional, cuyos miembros deberán tener el mismo régimen de carrera de la Institución, y se les ha de aplicar igualmente la Facultad Discrecional para su retiro”.