Procuraduría abrió investigación contra Álvaro Leyva por desacato: “Desconoció que se encontraba apartado del cargo”

El 24 de enero la Procuraduría General de la Nación notificó al canciller Álvaro Leyva de una suspensión por tres meses debido a la comisión de dos faltas en el proceso de licitación de los pasaportes que perjudicó a la empresa Thomas Greg y representó una cuantiosa demanda contra el Estado.

Pese a que el Ministerio Público notificó tanto al canciller, como al presidente Gustavo Petro de la suspensión, Leyva hizo caso omiso y continuó ejerciendo sus funciones al frente del ministerio de Relaciones Exteriores e incluso firmó el decreto que posesionaba a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO, por lo que la Procuraduría decidió ratificar la suspensión y abrir una nueva investigación por desacato.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

“El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata”, indicó la Procuraduría.

De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, se inició una investigación contra la postura y las decisiones de Álvaro Leyva de desconocer la suspensión interpuesta en su contra anterior mente.

El Ministerio Público indicó que en medio de las indagaciones contra el jefe de cartera se investigan: “Las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes”.

Otro de los factores que serán tomados en cuenta contra Leyva son los reportes de distintos medios de comunicación que dieron cuenta que el canciller continuaba ejerciendo sus funciones pese a las órdenes claras emitidas el 24 de enero.

Y es que, a fecha del 30 de enero, el ministro, ya suspendido, había firmado cerca de doce decretos sin importarle que él y el presidente habían recibido la notificación de destitución por parte del ente de control.

Entre los documentos firmados por el funcionario suspendido están la designación o traslado de diplomáticos colombianos en distintas partes del mundo. A esos se sumó el documento firmado el martes 6 de febrero, cuando Leyva hizo oficial la designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO.

“La entidad solicitó pruebas con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos enunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, agregó la Procuraduría.

Aunque la defensa de Álvaro Leyva solicitó revocar la suspensión de la Procuraduría, el Ministerio Público mantuvo en firme la sanción.

A principios de febrero, el abogado Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, apoderado de Leyva, radicó una solicitud para que se anulara la decisión contra su defendido pues, según él, se estaban vulnerando sus derechos.

“No existe nexo causal entre la conducta que supuestamente podría repetirse y la falta que se pretende precaver, especialmente cuando la legalidad de los actos administrativos proferidos se debe presumir y a la fecha ni la declaratoria de desierta ni la urgencia manifiesta han sido suspendidas o anuladas por una autoridad administrativa o judicial”, indicó el litigante.

Sin embargo, en el más reciente pronunciamiento de la Procuraduría se aclaró que la procuradora Margarita Cabello no vulneró ninguno de los derechos del canciller al momento de proferir la suspensión.

“La decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa (...) Margarita Cabello Blanco, no vulneró los derechos y las garantías del disciplinable, en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico”, puntualizó el ente de control.

Finalmente, la entidad dio a conocer que compulsó pruebas de la actuación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible que comportamiento del canciller constituyera alguna conducta penal.