Exmiembros del secretariado y el Estado Mayor Central de las extintas Farc, máximos responsables de los crímenes de la guerrilla, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que intervenga en las molestias que han generado las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz.
En entrevista con Infobae Colombia, el senador Julián Gallo explicó las preocupaciones que tienen, afirma que hay firmantes preocupados por llamados a comparecer y asegura que no descartan acciones ante instancias internacionales para que se cumpla lo acordado.
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Infobae: ¿Por qué emitieron este pronunciamiento sobre las decisiones de la JEP?
Julián Gallo: Señalamos puntualmente una serie de preocupaciones, una de ellas el tema de las amnistías. El derecho internacional humanitario que es fuente doctrinal del acuerdo de paz obliga al Estado, a todos los estados, que al final de las hostilidades debe otorgarse la más amplia amnistía posible a todos los combatientes. En el momento se ha hecho solicitud de más de 3.500 amnistías a la JEP y siete años después solamente han sido otorgadas 388. El cálculo que hemos hecho es que al ritmo que va, la JEP gastaría 50 años para resolver las amnistías pendientes, aquí hay un claro incumplimiento que del mandato que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero además el acuerdo habla de la posibilidad de que el Estado renuncie a la persecución penal y eso garantizaría que el universo más amplio posible de firmantes de la paz tuviera ya resuelta su situación jurídica y no lo que tenemos ahora que la mayoría de comparecientes sienten en un limbo jurídico que genera inseguridad y hoy en día nadie sabe que qué va a pasar desde el punto de vista jurídico.
Infobae: ¿Por qué hablan de una única resolución de conclusiones?
J.G: El acuerdo de paz y la ley estatutaria así lo ratificó, la JEP debe resolver la situación jurídica de cada uno de los comparecientes con una única resolución de conclusiones. Recientemente en una decisión interna, la Jurisdicción Especial tomó la decisión de que va a sacar una resolución de conclusiones por cada macro caso; de los 12 macro casos que hay abiertos actualmente ocho vinculan a integrantes delas Farc; nos está diciendo que no se va a cumplir con esa resolución única de conclusiones y se nos va a tener un limbo jurídico a los comparecientes quién sabe por cuánto tiempo más, lo cual vulnera nuestro derecho no solamente la seguridad jurídica, sino al debido proceso.
Infobae: ¿Qué ha causado esa preocupación entre los firmantes de paz?
J.G: La JEP se creó para que se ocupe de los casos más representativos y llamara comparecer a quienes ejercimos las funciones principales del mando; hoy en día la JEP viene vinculando a exintegrantes de las Farc que eran mandos medios, incluso guerrilleros de base a los procesos; por eso la gente nuestra está preocupada y nos está llamando a reclamar y diciendo ustedes nos engañaron, nos dijeron que no íbamos a comparecer y ahora ya nos están llamando. Eso es lo que está llevando a que mucha gente presionada por esa situación que estén tomando una decisión que nosotros consideramos equivocada que es irse del acuerdo. A eso yo agregaría que todavía siete años después tenemos 111 compañeros prisioneros.
Infobae: ¿Ustedes aseguran que no pueden ser sancionado por cada uno de los casos de la JEP, sino una única resolución de conclusiones?
J.G: Claro. Si la JEP determina que en el contexto y en el desarrollo del conflicto se cometieron graves crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos, los delitos de esa humanidad; fulano de tal, en su condición de máximo integrante y exintegrante del Secretariado, listo, resuelta la situación jurídica. Pero aquí nos están diciendo que no, que no va a ser así, sino que ellos, haciendo una interpretación amañada del texto del acuerdo, van a sacar una resolución única, pero por cada macro caso, o sea, eso ya es torcerle el pescuezo a la justicia, como ha sido tradicional en Colombia.
Nosotros tenemos esa preocupación y obviamente, por eso decimos que hay alguna gente que ya está diciendo que la JEP, en este momento, es uno de los principales o el principal factor de presión para que los firmantes de paz terminen amándose nuevamente.
Infobae: Es decir, que en este caso usted ya reconoció responsabilidad sobre el secuestro. Ahora fue citado para el caso de El Nogal ¿y en ese caso podría recibir una sanción diferente a la del secuestro?
J.G: Eso es lo que uno entiende, que en cada macro caso nos van a hacer una resolución de conclusiones y obviamente nosotros tenemos derecho al debido proceso tenemos derecho a nuestra defensa, tenemos derecho a la legalidad, es decir, que se nos juzgue con lo que acordamos y no con procedimientos que se están inyectando la última hora.
Infobae: ¿Los mandos medios no están obligados a declarar?
J.G: Sí, pero ahora se inventaron de que si la JEP considera que no dio verdades, entonces lo expulsa en un procedimiento totalmente arbitrario porque lo que está estipulado es que se va a un proceso adversarial. Allí hay una violación sistemática de lo acordado por parte de la JEP.
Infobae: ¿Ustedes consideran que los mandos medios no deberían ser citados a declarar?
J.G: Es que eso así quedó en el acuerdo. Es decir, somos máximos responsables y van a llamar a cada uno de los comparecientes, pues qué es lo que nos dice a nosotros la gente hoy en día, en los términos coloquiales, nuestros camaradas, ustedes nos engañaron, nos dijeron que no nos tocaba comparecer y ahora la JEP nos está llamando. Nos ponen a nosotros en una situación como que efectivamente engañamos a la base nuestra y eso sí nos va a generar dificultades enormes. Serían solo los máximos responsables los que tendrían que comparecer esto es lo que está en el acuerdo, así está establecido el acuerdo.
Infobae: ¿No sería muy difícil investigar todos estos casos del conflicto si solo se cita a los máximos responsables, si no se tienen las declaraciones de los mandos medios o de otras personas que hayan hecho parte de la guerrilla?
J.G: Ahí está precisamente el error. Es que no se trata de un tribunal que vaya a investigar, se trata de un tribunal para la paz que debe documentar cuáles fueron los hechos más relevantes y sobre esa base ayudar a esclarecer lo que hizo el conflicto. Si van a hacer con nosotros lo que hicieron con Justicia y Paz, que fue abrir más de 30.000 procesos para que no haya un solo condenado, es decir lo que se busca es la impunidad, que lo diga la JEP de una vez, si eso es lo que quiere abriendo macro casos y vinculando gente para finalmente no poder cerrar el conflicto. A ese camino es que nos llevan precisamente porque creen que la tarea es investigar, no, la tarea es cerrar el conflicto.
Infobae: ¿Ustedes están amenazando con desconocer a la JEP?
J.G: No, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos diciendo es que nos preocupa que por los extravíos de la JEP se le vaya a causar daño, no solamente al acuerdo, sino a una oportunidad de oro que tiene la JEP y es convertirse en el cierre definitivo del conflicto. Pero estos señores tomaron una decisión equivocada y se fueron por el camino de la justicia punitiva.
Infobae: El presidente de la JEP dice que ustedes tienen unos canales para contradecir las decisiones, ¿los han utilizado?
J.G: Hemos apelado a todos los recursos que tenemos, el último lo respondieron tal como le digo, no solamente diciendo que no van a hacer una sola resolución de conclusiones, sino que nos van a hacer una por cada caso. Todos los recursos que hemos tenido los han negado, pero adicionalmente, y eso es algo más complicado, es que nos hemos reunido varias veces con presencia de la misión de Naciones Unidas, le hemos planteado estas preocupaciones y han hecho oídos sordos, no solo el actual presidente sino también el anterior; de manera que esto no es una situación nueva.
Infobae: ¿Va a comparecer a la audiencia de El Nogal en la JEP?
J.G: Ese ha sido nuestro compromiso. Llevamos siete años haciéndolo y la decisión es por supuesto honrar la palabra, honrar el compromiso que tenemos con el país, con las víctimas, con la comunidad internacional.
Infobae: ¿Qué pasa si la gente se mantiene en emitir una resolución de conclusiones para cada macro caso?
J.G: Se estaría violando el acuerdo. Nosotros tenemos recursos ante la justicia internacional, la JEP no es algo independiente, la JEP no hace parte de la jurisdicción ordinaria del Estado colombiano, pero la JEP sí tiene obligaciones, porque así está establecido a raíz de la declaración unilateral de Estado que hizo el presidente Santos y que replicó el presidente Gustavo Petro de cumplir esos compromisos internacionales, de manera que en la Corte Internacional de Justicia es un recurso que nosotros tenemos y por supuesto el Consejo de Seguridad de la ONU que es la máxima autoridad en materia de paz.
Infobae: ¿Van a acudir a instancias internacionales en este caso?
J.G: Esperamos que no nos obliguen a eso, pero el Estado está obligado, es que no ha querido entender que ellos tienen quien lo ronde, es decir, que ese tribunal sí tiene unas obligaciones internacionales y que hay un derecho síntesis, el derecho cumbre de todos los derechos, que es la paz y ellos no pueden atravesarse en la paz del país.
Infobae: ¿Ustedes sienten que se están atravesando a la paz?
J.G: Por supuesto, se está convirtiendo, eso lo decimos claramente en la carta, en un factor no para la paz, como lo dice su nombre, sino que entorpece la paz en este momento.
Infobae: ¿Qué esperan ustedes que ocurra?
J.G: Que se sujeten a cumplir lo que está escrito en el acuerdo, no es otra nuestra petición.
Infobae: ¿Cuál es el mensaje que creen que manda esta esta actitud de la JEP a otros procesos, como digamos el que se está llevando con el ELN?
J.G: El mensaje es de que no vale la pena firmar acuerdos con un Estado que no cumple la palabra, eso desalienta cualquier esfuerzo de paz que se esté haciendo en este momento.
Infobae: ¿Por qué le dirigen esta carta al presidente Petro si la JEP no depende de la Presidencia?
J.G: La JEP depende de un acuerdo de paz que fue firmado por el jefe de Estado, que en este momento se llama Gustavo Petro, entonces a él le corresponde garantizar los compromisos que firmó el Estado colombiano y la comunidad internacional.