Luego de que se conociera una carta firmada por exjefes de las Farc enviada al presidente Gustavo Petro, en la que alegan presuntos incumplimientos de la Jurisdicción para la Paz (JEP), el presidente de la jurisdicción transicional, Roberto Vidal, aseguró que ven el documento como una opinión y no como una amenaza.
Sin embargo, los exintegrantes del antiguo secretariado de la guerrilla indicaron que se ha generado una falta de confianza que puede llevar a apartarse de las decisiones de la JEP.
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En ese sentido, según informó La FM, el senador y exjefe negociador Humberto de la Calle propuso que se lleve a cabo una reunión tripartida entre la jurisdicción transicional, las extintas Farc y el Gobierno nacional. Esto, con el ánimo de dar solución a los desacuerdos enlistados en la misiva.
La iniciativa surgió luego de que, según él, revisara el documento y evidenciara que la mejor manera de resolver los conflictos entre las partes es dentro de estado de derecho colombiano y no por fuera, acudiendo a las Naciones Unidas. Además, aseguró que el partido Comunes, integrado por excombatientes de la guerrilla, está en todo su derecho que pedir que se verifiquen las decisiones de la JEP.
“Yo creo que el mensaje es serio, hay unos problemas que tenemos que afrontar los colombianos, yo creo que una reunión tripartita entre el Estado colombiano, el Gobierno, los voceros de los firmantes de las extintas Farc y la JEP, que puede ser alrededor de ese mecanismo que se llama Csivi (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), una reunión técnica, podría contribuir a aclarar estas circunstancias”, afirmó el senador, según el medio citado.
Los reclamos de los exguerrilleros
La extensa carta enviada al presidente indica que “no ha sido fácil” continuar desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, por múltiples dificultades que se han generado, algunas de ellas, “creadas”. Aseguran que se ha evidenciado un ambiente de desinformación, estigmatización y conspiraciones, además de una falta de garantías para los excombatientes que han sido asesinados desde entonces.
Sin embargo, no es el único problema que alegan. De acuerdo con la misiva, el “empeño de la JEP” es cuestionable, ya que supuestamente ha interpretado los acuerdos como ha querido y, así, ha trabajado para que exista un sometimiento a la justicia punitiva.
Los exjefes, entre ellos Rodrigo Londoño, criticaron también el hecho de que la JEP tenga varios macro casos en los que se estudian las diferentes violencias ejercidas durante el conflicto armado por parte de varios actores, incluyendo la extinta guerrilla. El problema yace en que, según la Ley Estatutaria de la JEP, se debe expedir una sola resolución con conclusiones, y no varias, como podría pretenderse hacer con cada macro caso.
Asimismo, precisaron que es incorrecto que la JEP toma una decisión unilateral y expedita de expulsar a algún compareciente que haya incurrido en un grave incumplimiento de lo acordado, sin que antes se adelante un proceso para que el excombatiente pueda defenderse.
Igualmente, ven con preocupación que muy pocos exguerrilleros hayan podido acceder a la amnistía que otorga la JEP, pues, de 4.485 solicitudes, solo 688 fueron concedidas. “Este tipo de accionar de la Jurisdicción afecta y pone en riesgo el AFP, así como el logro y éxito de procesos de paz en curso”, se lee en la carta.
Así las cosas, indicaron que, si sus quejas no son resueltas, tanto firmantes de paz como comparecientes ante la JEP, podrían terminarse apartando de sus decisiones, ya que no irían de la mano con el “espíritu” del Acuerdo de Paz de 2016. Asimismo, advirtieron que se rumorea que es la misma JEP la que ha sido responsable de que haya un incremento de integrantes de grupos armados ilegales en el país.
Una pérdida de beneficios
Por su parte, el magistrado Roberto Vidal aseguró en una rueda de prensa que los exjefes de las extintas Farc no pueden dar órdenes ni indicar cómo la jurisdicción transicional debe cumplir con sus obligaciones.
“Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”, advirtió el togado.