La alcaldía de Carlos Fernando Galán todavía no ha definido la política de drogas que implementará en Bogotá, sin embargo, el anuncio de que tendrá en cuenta los derechos de los consumidores ha causado polémica. Frente a las especulaciones, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aclaró las condiciones bajo las que se busca diseñar el protocolo.
Restrepo aclaró, en diálogo con El Tiempo, que todavía no cuentan con un documento oficial tal como una política de drogas para la capital, sino que avanzan en su construcción, debido a que es “una discusión compleja” para la que han tomado la decisión de abrir un diálogo con diferentes actores.
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El alcalde Galán anunció la posibilidad de establecer zonas libres para el consumo de drogas en la capital. Según dijo, se buscará concertar la iniciativa con el Concejo de Bogotá, en el que ya se conformó una comisión especial para evaluar el asunto y formular una reglamentación.
Sin embargo, la posibilidad que planteó el alcalde generó críticas por sectores conservadores, como el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien aseguró que habilitar zonas para el consumo de drogas “mantendrá abierta la puerta a delincuentes para que envicien y recluten jóvenes”.
Respecto a los cuestionamientos, el secretario de Seguridad aclaró que “Bogotá no está impulsando una política de legalización de drogas”, sino que lo que se busca es construir una herramienta que permita “aplicar lo que dice la ley”.
En ese sentido, la administración distrital considera que la política debe proteger a los niños, niñas y adolescentes de las situaciones que puedan afectar su salud y bienestar. Pero también existen derechos tanto para consumidores como quienes no consumen, que deben ser reconocidos por las autoridades.
La estrategia buscará la convivencia de esos derechos en el espacio público, por lo que consideran que se debe convocar a los sectores claves para participar en su formulación, por eso es clave el Concejo de Bogotá.
“Lo que la Alcaldía de Bogotá ha pensado es que con ayuda de la corporación se logren identificar actores de la sociedad civil que representan a los consumidores, a los no consumidores y a los niños para que integren la conversación y se pueda definir el pacto de ciudad en el que se pueda aplicar lo estipulado por la ley”, señaló Restrepo.
El problema viene desde el 2019 cuando la Corte Constitucional derogó dos artículos del Código de Policía, el 33 y el 140, que prohibían el consumo de drogas en espacios y zonas públicas.
El alto tribunal señaló que el consumo por sí mismo no altera la convivencia, por lo que no estaba sustentada la prohibición. Además, señaló que es cada municipio la autoridad competente para determinar las prohibiciones en las zonas públicas.
La Corte también se ha pronunciado respecto al porte de sustancias psicoactivas en cuanto no puede ser sancionado con multa administrativas, si no se prueba que corresponde a un delito de narcotráfico. Además de reiterar que las autoridades no pueden afectar el plan de vida de cada persona, ni el libre desarrollo de la personalidad.
Así las cosas, le corresponde a las alcaldías y concejos municipales formular la estrategia que cumpla con lo dispuesto por el alto tribunal. Bajo los nuevos mandatarios, varias ciudades como Bucaramanga han expedido decretos que prohíben su consumo en el espacio público.
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