Qué posibilidades hay de que Panam Sports devuelva la plata de los Juegos Panamericanos: esto dicen los expertos

Tras la retirada de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Colombia, la disputa por la recuperación de los fondos invertidos por el Distrito de Barranquilla se intensifica. Alejandro Char, alcalde de la ciudad, exige a Panam Sports la devolución de aproximadamente $9.000 millones ($2.2 millones de dólares) que fueron entregados para la organización del evento.

Esta cantidad incluye tanto el dinero por derechos como por concepto de candidatura. La decisión de Panam Sports de revocar la sede se debió a incumplimientos en los pagos acordados, llevando a la consideración de Perú y Paraguay como nuevas opciones para albergar los juegos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Por ese motivo, la recuperación de los fondos entregados a Panam Sports ahora representa un desafío destacado, tal y como afirmaron expertos legales consultados. La situación, marcada por complejidades jurídicas a nivel internacional, involucra un intento de la ciudad de Barranquilla y su alcalde por recuperar los $2 millones de dólares destinados para ser sede de un evento deportivo.

La barrera principal radica en las obligaciones contractuales adquiridas previamente, lo que plantea un escenario difícil para revertir la decisión de Panam Sports.

Entre las voces consultadas, Roberto Tapia, especialista en derecho, reconoció los esfuerzos del alcalde de Barranquilla por recuperar el capital, aunque remarcó la complejidad del proceso debido a la naturaleza internacional del caso.

“Yo estoy de acuerdo con el alcalde de Barranquilla, que evidentemente hay que hacer todo lo posible para recuperar los dineros, pero es un progreso muy difícil”, dijo el experto a El Heraldo.

Y agregó que: “Hay un mecanismo jurídico interno en la legislación colombiana para atacar el problema entre un Estado, como colombiano, y un Estado que no es un Estado, pero es una entidad del orden internacional. Siempre hay dos posibilidades, realmente”.

Por otro lado, Fernando Borda hizo hincapié en la importancia de revisar el contrato firmado por la administración anterior para entender las posibilidades legales de reclamación.

Mientras tanto, desde el sector empresarial, Efraín Cepeda Tarud del Comité Intergremial del Atlántico, lamentó los impactos negativos en la confianza y la economía local derivados de la pérdida de la sede para Barranquilla.

“Se afecta la estrategia que hemos construido entre sector público y sector privado”, le dijo al medio citado. Así mismo, resaltó que “se hicieron unos grandes esfuerzos para poder traer la sede; este evento iba a generar grandes beneficios para la economía local”.

Las estrategias sugeridas para la posible recuperación de los fondos varían. Eduardo Eraso propone acudir a un tribunal internacional de arbitraje.

Por su parte, Juan Felipe Criollo considera que la responsabilidad recae en la Contraloría para realizar una acción de repetición contra los funcionarios responsables del desembolso inicial.

“El único mecanismo para poder llegar a recuperar ese dinero es interno, es del país, y el ente llamado a hacerlo es la Contraloría, la que cuida el Frisco y el dinero público”, dijo el especialista a El Tiempo.

Y añadió que: “Y posteriormente ejercer una acción de repetición para que con el patrimonio propio de los funcionarios que fueron negligentes, respondan para cubrir ese dinero perdido”.

Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación inició investigaciones sobre la gestión de los recursos designados para el evento, aumentando la complejidad del caso y las voces involucradas en encontrar una solución.

Este caso resalta no solo las dificultades en la recuperación de fondos en el ámbito internacional sino también las implicaciones para la gobernanza local y el papel de las entidades de control en la salvaguarda del patrimonio público. La comunidad de Barranquilla y sus representantes siguen buscando vías para mitigar las consecuencias económicas y reputacionales de este revés.

El alcalde Alejandro Char, junto con apoyo del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y del presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, expresaron su determinación por emplear todos los medios legales necesarios para asegurar la devolución de estos recursos que son fundamentales para el fomento del deporte local.

El argumento principal radica en que estos fondos provienen del esfuerzo de los ciudadanos de Barranquilla, destinados originalmente a la promoción del deporte en la ciudad. La administración del distrito sostiene que la retención de estos recursos por parte de Panam Sports constituiría un grave perjuicio para el desarrollo deportivo de la juventud barranquillera.

La relevancia de esta controversia no solo yace en la cuantiosa suma de dinero en disputa sino también en las implicaciones que tiene sobre la gobernanza y la transparencia en la administración de fondos destinados a eventos de gran envergadura. El caso plantea interrogantes sobre las responsabilidades contractuales y los mecanismos de resolución de disputas en el ámbito deportivo internacional. Mientras tanto, expertos en temas contractuales están siendo consultados para validar la viabilidad de las demandas del distrito y determinar las estrategias legales a seguir.

El retiro de la sede a Colombia se produjo tras el incumplimiento de dos plazos críticos de pago, resaltando los desafíos financieros y organizativos que enfrentan las ciudades anfitrionas al asumir el compromiso de albergar eventos de esta magnitud. Esta situación ha generado un amplio debate sobre la gestión de riesgos y las expectativas puestas en las ciudades candidatas, así como sobre el impacto económico y social que estos eventos pueden tener en las comunidades locales.