Ministro de Justicia se despachó contra Iván Duque, por Acuerdo de Paz con las Farc: “Se perdieron cuatro años”

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, recriminó el martes 6 de febrero de 2024 al gobierno de Iván Duque por la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), debido a que su juicio, durante el mandato del hoy expresidente, que se extendió de 2018 a 2022, se perdieron “cuatro años” en relación con los procesos que debían adelantarse en los territorios.

Osuna, que promueve una comisión de expertos para proponer cambios de fondo a la reforma a la justicia, lanzó desde el Congreso de la República duras pullas al ex jefe de Estado, que fue crítico de lo firmado en La Habana (Cuba) entre el equipo negociador definido por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el grupo armado ilegal, que pusieron fin en la isla a más de 50 años de conflicto armado con esta estructura al margen de la ley.

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Durante la audiencia pública ¿Cómo va la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?, convocada por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, habló del compromiso que tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, con este proceso. Y se fue lanza en ristre contra Duque Márquez, al referir que tenían un “diagnóstico muy certero”, al escuchar las intervenciones de líderes sociales y de diferentes organizaciones de derechos humanos.

“Prácticamente, hay coincidencia en que tuvimos cuatro años perdidos en la implementación del acuerdo de paz y que llevamos año y medio, menos un día, intentando recuperar el tiempo perdido y con una cantidad de desafíos enormes. Y también con algunos avances que ya son visibles”, manifestó Osuna, que enfatizó su postura en dos posiciones que, desde su perspectiva, resumen lo que ha sido este proceso en el país.

Para Osuna, en primer lugar, la implementación del acuerdo de paz será exitosa en la medida en que sea una política de Estado y no de Gobierno, y la segunda, es que —según él— la estrategia de la administración Petro ha sido “transitar de lo individual a lo colectivo” en ese acuerdo de paz. Y si bien habló de las reformas constitucionales que en 2016 se hicieron para darle piso jurídico a estos acuerdos, también destacó los consensos logrados posteriores a ese año.

“Cuando nos hemos puesto de acuerdo con posterioridad a esa fecha, entre Gobierno, Congreso de la República y colaboración armónica del poder judicial, sacamos adelante el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Paz Total, la Jurisdicción Agraria y el Acto Legislativo del reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos”, recalcó Osuna durante su corta intervención en el legislativo.

Del mismo modo, explicó cómo será la transición de las comunidades que pasarán de cultivos de hoja de coca a cultivos lícitos, como parte de la transformación en los territorios que han sido epicentro de violencia por el poder de las economías al margen de la ley. Así como explicó que el factor punitivo será reservado “para las cadenas de narcotráfico y los grandes mafiosos”, al resaltar que durante 2023 se incautó del mayor número de toneladas de este alcaloide: 740 tn.

“Este Gobierno está completamente comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz. Somos conscientes de las dificultades que eso tiene, porque se le pusieron muchas talanqueras en el gobierno anterior y porque es un programa ambicioso y difícil, porque implica cambios económicos y también culturales de una sociedad que se acostumbre y ame a la paz”, agregó Osuna, aunque reconoció que no han tenido la velocidad y articulación entre las instituciones.

Y contó cómo al inicio de este periodo, tuvo un choque con la entonces ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, cuando la abordó para diseñar una estrategia conjunta en pro de la política de drogas, pues ella —de acuerdo con su testimonio— creía que era cuestión de la fuerza pública y los jueces de la República.

“Cambiar eso no es fácil, todavía nos encontramos con funcionarios con esa prevención”, remarcó Osuna, que pidió la colaboración del Congreso para la aprobación de la ley de víctimas.