Un juzgado especializado encontró probable que la Rama Judicial haya repartido de forma equivocada el expediente de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, como lo había argumentado la defensa de los señalados y la Procuraduría General de la Nación.
Por ello, el caso fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá para que defina quién tendrá la competencia. Una vez resuelto el asunto, la Fiscalía General de la Nación podrá proceder a presentar formalmente el escrito de acusación en contra del excandidato presidencial y su hijo.
El ente acusador asegura que en 2014 el entonces candidato presidencial se reunió en diversas ocasiones Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht, y otros importantes miembros de la multinacional, para coordinar el pago de los servicios del publicista Eduardo Duda Mendonça a través de una cuenta en Panamá.
De esta manera, la campaña presidencial de Zuluaga recibió de parte de Odebrecht 1,6 millones de dólares para cubrir los honorarios de Mendonça. Ello constituiría una vulneración al artículo 109 de la Constitución Política, que prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir recursos de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales
El representante del Consejo Nacional Electoral (CNE) asistió a la sesión y pidió ser reconocido como parte afectada en el caso. Explicó que el excandidato presidencial y su hijo prestaron testimonio ante el CNE, pero dejaron de informar acerca de los fondos recibidos por Odebrecht.
Esto habría llevado a los jueces a cometer un error al concluir una indagación administrativa que se llevaba a cabo en aquel momento sobre financiamiento extranjero a la campaña presidencial. Posteriormente, se revelaría el escándalo de los sobornos multimillonarios de la multinacional brasilera en varios países de América Latina.
La audiencia en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, Iván Zuluaga, por la presunta financiación de la multinacional brasilera Odebrecht a la campaña presidencial de 2014, se reanudará a partir de las 10 de la mañana del 6 de febrero.
El aplazamiento tuvo su origen por el conflicto planteado por David Espinosa Acuña, el abogado que representa a los Zuluaga, que argumentó que la juez no es competente para llevar el proceso. Esa petición fue apoyada por el procurador delegado Henry Bustos.
Ambos argumentan que los delitos por los cuales se busca juzgar al excandidato presidencial y su hijo ―fraude procesal y falsedad en documento privado― no son competencia de juzgados especializados, sino de un juez del circuito.
Frente al delito de enriquecimiento ilícito de particular, el procurador y el defensor señalaron que se habría originado por cuenta de corrupción dentro del campo privado y por fuera de la esfera pública, así que tampoco sería de la competencia de la jueza especializada.