En una visita que podría calificarse como sorpresiva, toda vez que ya no está en ejercicio de su cargo, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), organismo en el que dará a conocer temas cruciales no solo para su departamento, sino que también involucran la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro Urrego.
El exmandatario seccional, que estaría contemplando la posibilidad de lanzarse a la Presidencia de la República en los comicios que se efectuarán el 30 de mayo de 2026, visitará las instalaciones de la comisión en compañía del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, para hacer lo que ha considerado “un llamado a la sensatez y a la cordura”, según reveló W Radio en la emisión del lunes 5 de febrero.
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En la agenda que discutirá Zuluaga en Washington (Estados Unidos) se destaca la presunta “ruptura institucional en Colombia”, y su concepto acerca del argumento que ha hecho carrera entre los sectores afines al Gobierno, en lo que respecta a la suspensión de funcionarios claves para el presidente de la República, Gustavo Petro y un aspecto crucial: la presión a la Corte Suprema para elección de fiscal General.
Preocupación por la situación de orden público en el país
Por su parte, como segundo punto de su visita, según reseñó el medio radial, el exgobernador hará énfasis en la situación de seguridad en el país, pues considera que se está “saliendo de las manos”. Por tal motivo, expondrá ante el organismo las cifras que ha dejado la implementación de la política de la Paz Total implementada por el jefe de Estado.
De acuerdo con Zuluaga, la misma “ha sido manoseada y aprovechada por los grupos ilegales para crecer territorialmente y ampliar su poderío delincuencial”. Al mismo tiempo que expresará su preocupación por haberse quedado sin esquema de seguridad luego de haber cumplido su periodo como gobernador del Meta, que se extendió entre 2020 y 2023, y en el que se destacó por su postura crítica al Estado.
En la actualidad, el exmandatario ha alegado que afronta una serie de amenazas por parte de grupos al margen de la ley, como las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, por cuenta de la ofensiva contra el accionar de esta estructura criminal. Además de otras organizaciones insurgentes que operan en este territorio, pese a la intención del Ejecutivo de avanzar en búsqueda de la paz.
Los cuestionamientos del exgobernador se suman a los de la senadora Paloma Valencia, que en su columna de opinión, publicada el domingo 4 de febrero, se refirió a los diálogos de paz no solo con las disidencias sino también con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cuestionó los alcances de los ceses al fuego bilaterales acordados por las delegaciones del Estado con estos grupos armados.
Basándose en el informe de Coordinadora Humanitaria, un espacio convoca a las voces de los territorios más afectados por la violencia en Colombia, Valencia afirmó durante 2023 se habrían registrado, al menos, 1.047 violaciones al cese al fuego, de ellas más de 400 violaciones en regiones como Cauca, Caribe y Antioquia, en donde se concentra gran parte de la actividad insurgente y criminal.
Y reseñó datos de la Defensoría del Pueblo, que mencionó cómo las disidencias ahora operan en 299 municipios, cuando en 2022 estaban en 230. De la misma manera, el ELN ha ampliado su presencia de 189 a 231 poblaciones, mientras que el Clan del Golfo también ha visto un crecimiento: pues pasó de 188 a 210 municipios en este año, según un documento del Ministerio de Defensa.