Denuncian una nueva “jugadita” para torpedear la elección del contralor General

Se conoció el 5 de febrero de 2024 que la Red de Veedurías Ciudadanas (Red VER) había interpuesto una acción popular en la que pedía al Congreso de la República que suspenda el proceso de elección del contralor General, luego de que el Consejo de Estado destituyera en mayo de 2023 al anterior titular del organismo de control, Carlos Hernán Rodríguez, por irregularidades en su escogencia.

De acuerdo con la veeduría, es clave que la Corte Constitucional defina si la acción de tutela que fue radicada por Rodríguez, que pide volver al cargo, prosperará o no. En su argumentación, con ello se busca, además, proteger el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, especialmente ante la firma de contratos y entrega de recursos para las pruebas de conocimiento a los candidatos.

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El documento radicado por la veeduría liderada por Pablo Bustos, y que replicaron medios como W Radio, pretende evitar cualquier trámite con la Universidad Nacional de Colombia para la realización de una convocatoria pública para el cargo de contralor. Lo anterior, argumentan, sería prematuro dado el estado actual de las resoluciones judiciales pendientes, por lo que buscarían frenar el proceso.

“Debido a la inminencia de la suscripción del contrato y/o del desembolso y la consideración de que una vez hecho el mismo pierde sentido, en muy buena medida, el medio de control de la acción popular; se insiste en que no se agote el trámite de traslado del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 y se adopte la medida cautelar de urgencia”, se leyó en la comunicación de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Además, desde la mencionada veeduría han pedido que no procedan a hacer cualquier giro de dinero para ejecutar contrato alguno relacionado con este proceso.

En efecto, el recurso dirigido por Red Ver a la Dirección Administrativa del Senado, pidió de forma expresa “abstenerse de suscribir contrato o convenio, cuyo objeto será adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo de contralor general” y, del mismo modo, “desembolsos de recursos públicos para ejecutar el contrato”.

Es válido destacar que esta acción popular se interpuso previo a que la propia Universidad Nacional decidiera retirarse de este proceso de selección, luego de hacer énfasis de un potencial conflicto de intereses, pues tiene contratos con la Contraloría.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, puede apreciarse que se configuraría un conflicto de intereses que afecta la fluidez del proceso y con evidente riesgo reputacional para la Universidad Nacional de Colombia y el honorable Congreso de la República”, indicó la institución, que cuenta con nueve sedes y 22 facultades en el país, con una misiva del 20 de diciembre de 2023.

Llama la atención que en la conformación de la dirección de la Red de Veedurías Ciudadanas, compuesta por varios miembros, además de Pablo Bustos Sánchez, está su hermana, Myriam Elizabeth Bustos Sánchez, y Ruby Stella Ordóñez de Jiménez. Y, de acuerdo con denuncia de W Radio, al revisar su perfil en LinkedIn, la familiar se identifica como contralora delegada para el sector vivienda y saneamiento básico.

Con esta revelación, lo que podría apuntar este caso es a un interés directo en la transparencia y ejecución del proceso de elección del contralor. La información sobre esta acción legal y los detalles del caso han generado revuelo en redes sociales, debido a lo que serían las diferentes perspectivas de los actores involucrados en este entramado, que sigue sin entregar novedades con respecto a un nuevo contralor.