Presentaba sus estudiantes a paramilitares para que las violaran: rectora de colegio en Santander fue enviada a la cárcel

Después de años de investigación, la Fiscalía General de la Nación pudo corroborar que Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio del municipio de Charalá, en Santander, fue enviada a prisión después de que se le pudiera comprobar que tuvo relación con grupos paramilitares, además de aprovecharse de su poder en la institución educativa para permitir vejámenes contra la dignidad de las estudiantes.

Y es que, según comentó el ente investigador, a la mujer se le pudieron corroborar los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado, por lo que fue condenada a 20 años y nueve meses de prisión.

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Según cuenta el material probatorio obtenido y revelado por la Dirección Especializada contra la Corrupción, entre 2001 y 2003 Gutiérrez de Moreno se vio involucrada en el abuso sistemático de estudiantes bajo su custodia.

“La señora Gutiérrez de Moreno permitió que ciertas estudiantes fueran abusadas sexualmente por líderes de este grupo criminal,” indica el expediente judicial.

Asimismo, se comprobó que la directiva de la institución solía realizar bazares, concursos de belleza y encuentros supuestamente sociales del colegio para permitir que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente del frente Comunero Cacique Guanentá, lograran ingresar al plantel y acceder carnalmente de las estudiantes.

De hecho, durante las investigaciones el ente acusador pudo establecer que existen, al menos, dos jóvenes víctimas de estos abusos, quienes fueron llevadas y encerradas bajo engaños a la oficina de la rectora, para después ser agredidas por miembros del grupo paramilitar, incluidos individuos conocidos como Víctor, Carlos y Nariz, entre otros.

La Fiscalía también logró una condena ejemplar para José William Parra Arroyabe, identificado como colaborador y orientador político del frente Cacique Guanentá, quien fue señalado de auspiciar el reclutamiento forzoso de menores de edad y entregarlos al grupo armado. “Parra Arroyabe engañó a 23 adolescentes, uno de los cuales fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones,” según se comentó el ente acusador recientemente.

Al comprobarse sus delitos, un juez ordenó su remisión inmediata a un centro penitenciario donde deberá pagar una condena de 24 años y dos meses por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.

Un mayor del Ejército Nacional fue encarcelado tras ser acusado de abusar sexualmente de una soldado en septiembre del 2023. El suceso ocurrió dentro del cantón militar José Hilario López, ubicado en Popayán, Cauca.

El mayor González Prieto, quien se desempeñaba como segundo comandante del Batallón de Servicios número 29, abusó de su posición para presionar a varias de sus subordinadas con el fin de que pasaran tiempo con él, después de intermediar para que la institución les otorgara un permiso para abandonar el batallón.

Según las investigaciones, el oficial empleó su autoridad para sacar a una de las militares de las instalaciones castrenses y la llevó a un establecimiento nocturno. Allí, se le acusa de haber inducido a la soldado a consumir alcohol en exceso hasta que perdió la consciencia. Posteriormente, la trasladó a un hotel, donde la víctima despertó sin recordar los eventos de la noche anterior.

Además, se pudo determinar que González Prieto presuntamente amenazó a la soldado para que mantuviera en secreto lo sucedido, advirtiéndole de posibles repercusiones negativas en su carrera militar si divulgaba el incidente.

El caso fue llevado ante la Justicia Penal Militar, que, en concordancia con la policía judicial de la Dijín, concluyó que González Prieto había hecho un uso indebido de los recursos del Estado asignados por su rol en el Ejército Nacional.

Fue imputado por abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en combinación con peculado por uso y abandono de puesto. Cabe destacar que, dado que el delito de abuso sexual denunciado no cae dentro de las jurisdicciones de crímenes cometidos en servicio, se ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que tome el caso en relación con delitos contra la integridad y formación sexual.