Los cuatro escándalos de la campaña de Gustavo Petro que lo tienen en la mira de las autoridades judiciales

Después de que el país conociera sobre la donación que se inyectó desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para impulsar la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro en 2022, las autoridades judiciales se encuentran en la tarea de descifrar los escándalos que rodean su campaña presidencial que, hasta el momento, incluyen el ingreso de dineros ilegales, violación a los topes máximos de financiación y hasta el uso irregular de transporte aéreo.

Y es que la serie de escándalos en torno a la campaña de Petro en 2022 inició cuando en julio de 2023 el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, fue detenido después de que la Fiscalía encontrara material probatorio que lo vincularía con lavado de activos y enriquecimiento ilícito junto a su ahora exesposa Day Vásquez.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Días después, Petro Burgos comentó que sí recibió dineros producto del narcotráfico y de fuentes ilegales, después de que Manuel Santander Lopesierra y el contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, mejor conocido como El Turco Hilsaca, le entregaran al primogénito de Petro la suma de mil millones de pesos para apoyar la campaña.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando si estos dineros sí ingresaron al proyecto político del entonces candidato, pues según varias declaraciones, Nicolás Petro habría optado por quedarse con el dinero para su uso personal. En todo caso, por este escándalo se abrió una investigación preliminar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que podría desembocar en un juicio político, un hecho sin precedentes en la historia del país.

Y es que aún no queda claro si dineros irregulares ingresaron a la campaña de Petro, pues se suman los polémicos audios en los que el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró que consiguió al menos 15.000 millones de pesos para financiar los eventos de proselitismo en los que estuvo el hoy presidente.

Incluso, Petro Burgos acusó a Benedetti de ser el líder estas negociaciones que también salpican al poderoso empresario de la costa Euclides Torres, quien es señalado de ser el principal financiador de los eventos públicos de Gustavo en medio de su campaña en esa zona del país, dineros que nunca fueron registrados en los libros contables.

Además de los dineros irregulares, el Consejo Nacional Electoral (CNE) también tiene un proceso abierto contra el presidente Petro, después de que se conociera una serie de viajes en avión que, al parecer, fueron pagados durante la campaña y obviados de las cuentas reportadas en la entidad.

Según se conoce, el avión con matrícula HK5328, fue contratado en nueve ocasiones para el desplazamiento del entonces candidato. Sin embargo, tiempo después la compañía SADI S.A.S., administradora de la aeronave, solicitó que se anularan seis de esas facturas sin entregar mayor información de los motivos.

Es por eso que el CNE le pidió a la Aeronáutica Civil que se entregue un reporte completo de los movimientos de la aeronave, así como las razones por las que se anularon dichas facturas de servicios aeronáuticos.

“Requerir a la Aerocivil que remita con destino al expediente los permisos de vuelo otorgados a la aeronave de placas HK5328 - SUPER KING 300 (...). Así mismo, para que remita la información de la empresa que operaba la aeronave en mención durante el interregno enunciado, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente proveído”, señala el auto emitido por la entidad hace apenas unos días.

A los escándalos se suma el presunto pago de $60.000 a al menos 80.000 testigos electorales que participaron como vigilantes de los escrutinios ocurridos el 29 de mayo y 19 de junio de 2022.

“Éramos una estructura de 83.000 testigos electorales. El apoyo logístico para nosotros los testigos era el transporte, la alimentación del día de elecciones y un pago de un reconocimiento a ese proceso, que en Boyacá era de 60.000 pesos a cada testigo” comentó en su momento el docente Cristian Uscátegui, de Boyacá, en diálogo con el programa Los Informantes.

Según contó un testigo en su momento, a todos los colaboradores del Pacto Histórico, colectividad de la que hace parte Petro, se les consignó a través de corresponsales por haber ejercido su labor. Sin embargo, estos dineros no aparecerían en las cuentas proporcionadas al Consejo Nacional Electoral, por lo que la entidad ha solicitado que se entregue detalles de dichas transacciones para avanzar en las investigaciones:

“Requerir a la compañía MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS (SU RED), con el fin de que allegue la relación de recursos que se le hubiese girado a través de persona natural o jurídica y/o por alguna organización política perteneciente a la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO; en el marco de la administración y dispersión del pago a testigos electorales que se haya efectuado entre el periodo comprendido desde el 14 de marzo al 31 de julio de 2022, detallando los beneficiarios, montos y fechas de los mismos”

A dicho escenario de duda sobre la financiación de la campaña se suma la controversia por el uso de 500 millones de pesos donados por Fecode para apoyar la candidatura del hoy presidente. Sin embargo, dichos dineros fueron transferidos a través de Colombia Humana y, según las declaraciones del entonces representante del partido Dagoberto Quiroga, fueron utilizados para pagar la empresa de vigilancia que estuvo en los escrutinios.

Pero este dinero ahora es centro de investigaciones, pues las autoridades intentan determinar si fueron usados para otros conceptos propios de la campaña sin ser reportados debidamente en los libros contables, lo que ya ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a prepararse para imputar cargos contra el representante del partido, además de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y jefe de campaña de Petro; y a William Velandia, presidente del Comité Ejecutivo de Fecode, según reveló Semana.

Entretanto, Gustavo Petro y su círculo cercano han argumentado que todos los escándalos se tratan de un intento por atacar su mandato, lo que ha generado más divisiones entre la rama judicial y el ejecutivo, pues en repetidas ocasiones el primer mandatario ha acusado a la Fiscalía de arremeter contra su trabajo como gobernante.