Cinco problemas económicos que dejan las ideas que Mariana Mazzucato recomienda aplicar en Colombia

Según el ICP, la economista no distingue entre la invención y su transformación en una innovación empresarial

Mariana Mazzucato ha mostrado de manera abierta su apoyo a las medidas del Gobierno Petro - crédito Presidencia de Colombia

La economista italiana Mariana Mazzucato, conocida por su asesoramiento a gobiernos progresistas y su destacada colaboración con el Gobierno de Gustavo Petro desde 2022, estuvo nuevamente de gira en Colombia y compartió su enfoque y metodología sobre el de las políticas gubernamentales (Conpes 429 Reindustrialización) en marcha y proponiendo nuevos temas a la agenda (Misión la Guajira, transición energética, Hambre Cero, y distribución de activos de la Sociedad de Acitvos Especiales - SAE).

Desde su activismo académico, Mazzucato aboga por un cambio urgente en el papel del Estado que lo convierta en un Estado emprendedor.

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Sin embargo, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga (ICP), analizó los efectos visibles como los efectos no fácilmente visibles a corto plazo que traería tal conversión, siguiendo las premisas del economista francés Frédéric Bastiat en su obra “Lo que se ve y lo que no se ve” sobre la intervención estatal en la economía.

En el ámbito económico, es crucial comprender que cada acción, hábito, institución o ley no genera únicamente un efecto, sino una serie de ellos. Mientras que el primero es inmediato y observable al manifestarse junto con su causa, los efectos subsiguientes se desencadenan de manera sucesiva y no siempre son evidentes a simple vista, en particular porque la acción estatal y las intervenciones planificadas centralmente en muchos casos terminan exacerbando los mismos problemas que suponía intentaban resolver.

Por esta razón, dice la entidad que se resulta indispensable anticiparlos para evitar consecuencias no deseadas en la sociedad colombiana, que pueden tener altos costos sociales y económicos.

Lo que se ve

En el debate público que está suscitando, el apoyo de Mazzucato al Gobierno de Gustavo Petro resulta indispensable poner de manifiesto algunas de las debilidades de la propuesta ideológica que está implícita en el Estado emprendedor, en particular, respecto a los problemas relacionados con el conocimiento, los incentivos y el cálculo económico.

Poniendo de manifiesto, como lo hicieron distintos autores, la importancia de considerar los problemas relacionados con la incapacidad del Estado y/o las motivaciones de los tomadores de decisión para abordar problemas empresariales de manera económicamente responsable.

Mazzucato presentó una perspectiva que cuestiona el papel del Estado regulador. Propone una intervención más activa y colaborativa del Estado como productor directo, co-creador de mercados e inversionista en áreas de interés político mediante el diseño de Misiones. Esta visión, conocida como Estado emprendedor, redefine las funciones del Estado, más allá del papel regulador (juez, faro, ordenador) sino también como un actor director de la economía (parte, productor directo).

Este planteamiento de agrandamiento del Estado, de convertirlo no solo en juez sino en parte, despierta reflexiones sobre la capacidad y los límites que podrían impactar en el desarrollo de la economía nacional.

Modelos intervención del Estado en la economía - crédito ICP

Lo que no se ve

A pesar del entusiasmo generado por la idea del Estado emprendedor y las misiones, se identificaron al menos cinco problemas conceptuales que afectan la implementación de las misiones en la práctica, limitando así el accionar del Estado bajo ese rol que crean alertas sobre su posibilidad en Colombia. Son las siguientes:

1. Problema de coordinación e intereses entre gobernantes y empresarios: es natural que los intereses del Gobierno y de los empresarios difieran, y esto no es negativo como percibe Mazzucato. Mientras que el empresario busca capitalizar su empresa y hacerla atractiva en el mercado satisfaciendo las necesidades de los consumidores, el Estado a menudo persigue objetivos distintos, como financiar provisiones que pueden no ser rentables y que pueden terminar en la captura de rentas por parte de grupos de interés que no generan valor público.

Privilegiar el estatismo y la planificación central, desconoce que el Estado, cuando excede sus funciones y el Estado de derecho es débil, termina capturado por grupos de interés en una mezcla de instituciones (captura de rentas y crony capitalismo), entendidas como reglas de juego, que afectan negativamente el crecimiento económico, impiden la superación de la pobreza y restringen libertades tiende a crear distorsiones, incentivos perversos, externalidades negativas y una serie de fallas del Estado entre las que destacan la ineficiencia, la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo.

2. Reducción de la competencia a las empresas elegidas por el Estado: bajo un Estado que elige sólo unos proyectos “ganadores” para implementar las Misiones, la competencia desaparece. En su lógica el Estado selecciona el proyecto de una empresa, pero oculta que con ello excluye la competencia entre empresas, le otorga poder de mercado a una y elimina las competidoras del mercado.

Aunque Mazzucato defiende al gobierno como mejor mecanismo de selección de ganadores en vez de la libre competencia, no especifica de qué manera se pueden alcanzar los mejores resultados sólo a partir de la información del Gobierno, sin comparación y el contraste que puede surgir de la competencia y el enfrentamiento con el consumidor, que únicamente se logra a través del proceso interactivo de mercado.

El presidente Gustavo Petro y la economista Mariana Mazzucato coinciden en que se debe redestribuir la riqueza - crédito Presidencia de Colombia

3. Debilitamiento de la innovación: Mazzucato no distingue entre la invención y su transformación en una innovación empresarial. Aunque el Estado puede estimular ciertas invenciones (que no siempre llegan al éxito), son los consumidores quienes deciden su utilidad y fomentan el conocimiento nuevo.

Esta retroalimentación hace parte de la función empresarial y va más allá de lo que las capacidades del Estado pueden alcanzar. La inversión estatal en determinadas tecnologías también puede estar destinada al fracaso. No son muchas las inversiones del Estado que culminan exitosamente en inventos y luego en innovaciones.

Hay excesivo énfasis en el valor objetivo. Desde la perspectiva de Mazzucato, el valor objetivo (costos fijos y variables de producción) es el único que puede determinar el precio de los bienes y servicios, excluyendo la valoración que el consumidor pueda otorgarles y el proceso creativo del empresario.

Esta posición conlleva dos consecuencias: la primera que el Estado determina los precios antes de llevar los productos al mercado y la segunda, que el Estado asume que ese nuevo bien/servicio sería admitido por el consumidor.

4. Votante sin representación: los recursos de la inversión estatal no pertenecen al Estado, sino a los contribuyentes dispersos, que podrían considerarse según Alberto Mingardi, como accionistas minoritarios. Aunque la asignación privada de recursos puede ser deficiente, su ventaja radica en que la sociedad no debe asumir su costo.

En contraste, los recursos públicos provienen del bolsillo de todos los contribuyentes quienes no tienen la capacidad de decidir en qué invertir. Los gobernantes gestionan los recursos, pero al no tener la propiedad sobre ellos es poco probable que estén posicionados para innovar, sopesar riesgos, equilibrar responsabilidades y crear valor.

Para el ICP, el hecho de que el Estado elija un proyecto empresarial a ejecutar no garantiza una elección acertada - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

5. Desnaturaliza la función del Estado. El Estado emprendedor conlleva a tensiones sobre las funciones actuales al tener que actuar como regulador imparcial y, al mismo tiempo, promover el desarrollo económico. Esto puede crear conflictos de interés, ya que el Estado se convierte en juez y parte, es decir, participa en decisiones donde también tiene intereses directos.

Ser regulador e inversionista induce a la ambigüedad del juez-parte que avoca a la inseguridad jurídica, lo que otorga privilegios a los destinatarios de sus inversiones.