Buenaventura: Shottas y Espartanos anunciarán ampliación de la tregua que rige desde febrero de 2023

La situación de orden público en Buenaventura parece mejorar con el paso de los meses. Muestra de ello es el más reciente anuncio sobre una nueva prórroga a la tregua que llevan a cabo los dos grupos delincuenciales de mayor presencia en la ciudad portuaria.

Según indicaron las autoridades, la medida, que involucra a las estructuras criminales Shottas y Espartanos, se registra como un “aporte a la paz y la tranquilidad” de la población de Buenaventura, así como de toda la región.

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La noticia la dio a conocer el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, que hizo una invitación a una rueda de prensa en la que se anunciará oficialmente la medida. Dicho evento se registrará el próximo lunes 5 de febrero de 2024 en la sede de Comfenalco, en Buenaventura.

El también jefe de la delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogo Socio-Jurídico de Buenaventura indicó además que en dicho encuentra se darán a conocer los detalles que rodean a la ampliación de la tregua, que rige desde febrero del año inmediatamente anterior.

“(...) que seguirá aportando a la paz y tranquilidad de la comunidad bonaverense, del Valle del Cauca y del pacífico colombiano”, concluye el comunicado.

La decisión se da a conocer poco más de un mes después de que surgieran versiones que indicaban que dicho acuerdo se había roto.

Al parecer, el trato se había quebrado luego de que se conoció un asesinato con arma de fuego en el barrio La Independencia de la ciudad portuaria. Según indicó Hugo Guzmán, comandante (e) de la Policía de Buenaventura, la víctima falleció en la Clínica Santa Sofía luego de sufrir los impactos de bala.

Tal situación generó que los Espartanos culparan a los Shottas de dicho crimen a través de un comunicado, mientras que los últimos indicaron que se mantendrían en cese al fuego unilateral.

Frente a ello, el delegado de Derechos Humanos de la Personería de Buenaventura, José Luis Bernat, señaló que dicho crimen no representó el único que haya registrado en la ciudad en los primeros días de diciembre de 2023.

“En lo que va corrido del mes de diciembre también se han presentado otros hechos de sangre, entonces pareciera que esas órdenes que se dieron a través de los líderes de estos grupos, pues no han sido atendidas por algunos integrantes de estas dos agrupaciones delincuenciales”, indicó el funcionario a mediados de diciembre del año anterior.

El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, que ha acompañado dicho proceso y que ha tenido ciertos acercamientos con el Gobierno nacional, señaló meses atrás que el pacto entre dichas bandas estaba “descarrilado”.

De igual forma, cifras de Medicina Legal indican que en la ciudad se registraron 110 asesinatos entre el 1 de enero y 27 de octubre de 2023. Sin embargo, para el monseñor Jaramillo, la situación ha mejorado considerablemente con el panorama de hace unos años.

Dichos avances han generado que, dijo el monseñor Jaramillo a El Tiempo, después de las 5:00 p. m. la población aún pueda permanecer en las calles. El religioso fue claro en que en Buenaventura persiste un problema estructural “que viene de años” debido a la ausencia estatal, por lo que existe “la urgencia de empezar a discutir cosas como darles a estos jóvenes unas oportunidades para que salgan de la delincuencia”.

Es debido a esta situación que desde el Gobierno nacional plantean el programa Jóvenes en Paz, mediante el cual pretende frenar el avance en las operaciones de las bandas criminales en todo el país. La medida abarca que cada joven que se adhiera al beneficio podría recibir hasta 12 millones de pesos al año, estableciendo un límite de 12 transferencias de un millón de pesos, representadas en transferencias monetarias liquidadas mensualmente.

Precisamente, a mediados de agosto de 2023, se expidió el borrador de un decreto en el que se indica que el envío de dicho dinero se hará bajo depósitos de productos bancarios o financieros, los cuales se harán mediante entidades que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, los canales bajo los cuales se realicen las transferencias deberán ser seleccionados y contratados por Prosperidad Social, con el fin de llevar a cabo la distribución de los recursos.