Pacto Histórico denunciará ante la Corte Interamericana “la ruptura institucional” que alertó Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro denunció, el 2 de febrero, que, a su juicio, desde la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa quiere sacarlo del poder, conjurando una “ruptura institucional” en la que buscaría un “juicio político” al jefe de Estado gracias a una “investigación inconstitucional” en su contra.

Desde el Pacto Histórico, el movimiento político del presidente, cerraron filas y el representante a la Cámara por Antioquia Alejandro Toro anunció, en X, que va a instaurar una “denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto a varios congresistas por la ruptura institucional en Colombia”.

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El representante también señaló que, junto a otros congresistas —que no mencionó—, viajarán “la próxima semana a la ciudad de Washington” para radicar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque consideramos que es de máxima gravedad para la democracia de América Latina”.

Después expuso los hechos para soportar su demanda, como la “suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos, con el objetivo de incriminar al señor presidente, la criminalización de apoyos políticos, el uso de instituciones para la persecución política. Estos son los hechos”, explicó el congresista.

Además, señaló que, tanto al presidente Petro, como a Fecode —por la donación a Colombia Humana, que provocó el allanamiento a sus instalaciones el 22 de enero—, como a los funcionarios del Gobierno, que han sido objeto de sanciones de los órganos de control e investigaciones por parte de la Fiscalía, se les han violado “varios derechos humanos y principios democráticos, incluyendo, el derecho a la justicia y al debido proceso, la libertad de asociación y expresión, el derecho a participar en el Gobierno y en la vida pública de su país”.

El representante Toro, en su publicación en X, enumeró las solicitudes que, junto a la demanda, elevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

1. “Admita esta denuncia y la examine de acuerdo con sus procedimientos.
2. Realice una investigación imparcial sobre los hechos denunciados.
3. Instar al Estado colombiano a garantizar el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y asociación, y la participación política”.

El 3 de febrero, además de enfrascarse contestándole a una cuenta falsa del fiscal Barbosa, el presidente quiso llamar la atención de la comunidad internacional, sobre sus denuncias sobre la “ruptura institucional” que vive Colombia por cuenta de las actuaciones de la cabeza del ente acusador, y publicó el mismo mensaje que había emitido el 2 de febrero, pero en francés, italiano y árabe.

“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”, se lee en la publicación que el presidente tradujo al francés e italiano.

El presidente también aseguró que la siguiente movida de la Fiscalía será procesar penalmente a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña, e investigar a Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos y expresidente de Colombia Humana en 2022. Todo esto para orquestar y ambientar un juicio político en su contra: “La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”.

Además, invocó la movilización popular para impedir que lo saquen del poder antes de cumplir con su periodo constitucional: “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”.