A finales de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el exterminio del antiguo partido político Unión Patriótica (UP).

La Cidh lo encontró culpable por las violaciones a los derechos humanos y por haber permitido el exterminio en masa de cientos de militantes de la UP. Sin embargo, a un año de la histórica sentencia, las más de 6.000 víctimas siguen esperando que el Gobierno cumpla la orden impuesta por la Cidh.

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Como parte de la reparación a las víctimas, el tribunal internacional ordenó al Estado colombiano la creación de una comisión especial para la identificación de las víctimas y familiares; y la publicación de la sentencia del caso.

Además, la Cidh ordenó la construcción de un monumento en memoria de las víctimas, la colocación de placas conmemorativas, la elaboración y difusión de un documental sobre la violencia y estigmatización contra la UP, y la realización de actividades de sensibilización en escuelas y universidades.

Como parte del cumplimiento del fallo internacional, el 30 de enero de 2024 la Fiscalía General de la Nación publicó la sentencia, en la cual la Cidh determinó que el Estado desconoció desapariciones forzadas, intentos de homicidio, desplazamientos forzados, amenazas, hostigamientos y asesinatos en masa.

“Esta es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad estatal en el exterminio de los militantes del partido político Unión Patriótica. Miles de militantes del partido de izquierda fueron asesinados en Colombia con la complicidad del estado”, dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter).

Aclaró que la demora en la reparación efectiva de las víctimas de la Unión Patriótica se debe a que hay entidades del Estado que no han querido acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Las sentencias de la CIDH deben ser cumplidas integralmente por el estado colombiano según nuestra constitución y la ley, pero aún hay secciones del estado que se niega a hacerlo. Esta sentencia debe ser publicada en todos los medios de comunicación del país”.

La directora de la Corporación Reiniciar, Stella Aponte, denunció que no ha habido reparación real por parte del Gobierno nacional ante la sentencia que condena al Estado colombiano como responsable en el exterminio de la Unión Patriótica.

“A un año, pues prácticamente la única medida que se ha cumplido se cumplió ayer, que es la publicación de la sentencia en algunas de las páginas oficiales de algunos ministerios y de la Fiscalía, que la publicó al final de la tarde de ayer, luego de una presión porque no quería publicarla”, afirmó Aponte en entrevista con W Radio.

De acuerdo con la representante de las víctimas, no ha sido posible llevar a cabo reuniones con el Gobierno para avanzar en el proceso de reparación de familiares de integrantes, funcionarios y militantes del partido, quienes fueron asesinadas entre 1984 y los primeros años de la década de los 2000:

“Uno no se explica cómo no se ha podido avanzar con mayor celeridad (...). Desde nuestro punto de vista hay una comisión que está atrasada, es muy lenta, digamos que tiene por la propia dinámica del Gobierno, hay dificultades para su funcionamiento”, añadió al medio citado.

Cabe recordar que, entre las medidas que la Cidh ordenó al Estado colombiano indemnizar, “tanto por el daño material como por el daño inmaterial, a los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas, así como a las víctimas ‘desplazadas internamente y exiliadas’, ‘criminalizadas de manera infundada’ y ‘de amenazas contra su vida e integridad personal, incluyendo [aquellas] sobrevivientes de tentativa de homicidio’”, se lee en el fallo del tribunal internacional.