La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección al Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta, donde son recluidas cientos de personas privadas de la libertad, en calidad de indiciadas.

En su visita a los centros penitenciarios de la ciudad, el Ministerio Público encontró serias irregularidades que están poniendo en riesgo la vida e integridad no solo de la población reclusa, sino también de los guardianes y visitantes.

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Lo primero que descubrió la comisión, que ingresó durante la jornada de visitas, fue que los encuentros familiares, que incluyen la presencia de menores de edad, se realizan simultáneamente y en los mismos espacios con las visitas conyugales, en las cuales las personas privadas de la libertad sostienen relaciones sexuales con sus parejas.

Las autoridades también descubrieron que los policías encargados de la guardia no cuentan con elementos de bioseguridad como guantes, tapabocas y desinfectantes para las operaciones de ingreso de personas, alimentos y otros objetos a los centros penitenciarios.

Al interior del centro de detención transitoria, que alberga a 248 hombres y 10 mujeres en un espacio cuya capacidad es para máximo 150 personas, los servidores de la Procuraduría encontraron conexiones eléctricas hechizas, con cables a la vista, que implican alto riesgo de incendio. También que no llega el agua a los inodoros del nivel superior, lo que genera insalubridad y riesgo de enfermedades por el agua empozada, que deben surtir en baldes y canecas.

Entre las afecciones de salud detectadas, hay reclusos infectados con VIH, afecciones en la piel y enfermedades respiratorias que, según denuncian ellos mismos, no son valoradas por médicos antes de realizar nuevos ingresos, lo que pone en riesgo a toda la comunidad.

En cuanto a la alimentación, el Ministerio Público halló deficiencias y recibió quejas de las personas privadas de la libertad sobre la calidad de los alimentos, pero lo más grave es que, por ausencia de implementos para la cocina, la guardia se ve obligada a permitir el ingreso de cuchillos, tenedores y otros elementos, que pueden terminar siendo usados como armas.

Con esta información, la Procuraduría Regional de Magdalena convocó una mesa de seguimiento en la que se reunirá con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Personería, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Inpec, entre otras, para buscar soluciones urgentes a esta crisis.

En septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo alertó por la la grave situación que se vive en las cárceles y centros de detención transitoria del país por cuenta del hacinamiento.

“Es una bomba de tiempo” y que los privados de la libertad sufren vulneraciones y falta de garantías de derechos que han generado, incluso, problemas de orden público que han afectado a las comunidades aledañas. Este fenómeno se ha registrado en todo el país”, dijo Carlos Camargo desde Valledupar el 22 de septiembre de 2023.

De acuerdo con la entidad defensora de los derechos humanos, el principal problema es el hacinamiento que incrementa la vulneración de los derechos humanos y los mínimos vitales como la alimentación y la salud de los privados de la libertad que, incluso, incide en que los reclusos tengan comportamientos agresivos.

“Por meses hemos registrado que las estaciones de policía y las URI no reúnen las condiciones para una vida en reclusión y existen altos niveles de hacinamiento que como en el caso de la Estación de Policía El Terron en Cali supera el 4.000%”, explicó la entidad.

Desde la Defensoría del Pueblo han insistido en que los centros de detención transitoria no están diseñados estructuralmente para albergar personas privadas de la libertad por tiempo superior a 36 horas, pero en las estaciones de Policía y en las URI algunos privados de la libertad están recluidos por meses, incluso, allí permanecen personas condenadas que deberían resarcir su pena en centros de reclusión.