La Procuraduría General de la Nación ordenó que se realicen nuevas pruebas con el fin de establecer si existieron irregularidades y detrimento patrimonial en relación con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.
Esta medida surge tras las investigaciones preliminares llevadas a cabo sobre la gestión de la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, y su equipo de colaboradores.
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En la mañana del viernes 2 de febrero, la procuradora Margarita Cabello comunicó que se tomarán “muy pronto decisiones” respecto al curso de la investigación. Este proceso busca esclarecer las circunstancias que condujeron a la pérdida de la oportunidad para el país de albergar un evento deportivo de gran envergadura internacional, analizando la conducta y las decisiones tomadas por la ministra Rodríguez y su equipo.
“Nosotros, inmediatamente nos enteramos de lo ocurrido, aperturamos investigación disciplinaria; quisimos ir hasta el Ministerio, fuimos personalmente, no yo la procuradora, sino la instancia correspondiente, se recogieron todas las pruebas correspondientes y nos faltan un par de pruebas que, casualmente, aquí me están diciendo que se ordenaron unas pruebas adicionales para establecer la ocurrencia de esas conductas presuntamente irregulares, una vez terminadas de recoger las que nos faltan vamos a tomar una decisión”, explicó la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.
Y agregó que: “En algunos casos, ustedes lo han visto, preferimos hacer la investigación, hacer la instrucción del proceso y tomar una decisión concreta y con pruebas suficientemente establecidas, muy pronto tendremos una decisión en ese sentido”.
El enfoque de la indagación está en identificar posibles actos de malversación o manejo inadecuado de recursos que hayan contribuido al fallo en la organización y postulación para los juegos. La población y los actores involucrados en el deporte nacional aguardan con expectativa los resultados de este proceso, que podría tener importantes implicaciones para la política deportiva y administrativa del país.
La transparencia y la integridad en la gestión de eventos de esta magnitud son de vital importancia para asegurar no solo el éxito deportivo sino también el fortalecimiento de la imagen del país a nivel internacional. Por ello, las acciones de la Procuraduría se enmarcan en un esfuerzo por salvaguardar estos valores y asegurar una rendición de cuentas adecuada por parte de los funcionarios involucrados.
Senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, afirmó que la procuradora no tiene objetividad en sus decisiones
La senadora Esmeralda Hernández, perteneciente al Pacto Histórico, levantó serias acusaciones en relación a presuntas irregularidades administrativas y de nombramiento en la Procuraduría General de la Nación, liderada por la procuradora Margarita Cabello.
Entre las anomalías expuestas, destacan la contratación de más de 1.200 puestos durante la pandemia, la asignación de altos montos en contratos de prestación de servicios y el nombramiento de más de 300 funcionarios sin el debido concurso de méritos, muchos de los cuales estarían vinculados a clanes políticos bajo investigación por corrupción.
Estas declaraciones fueron realizadas en el La W, donde Hernández enfatizó en la asignación de recursos a contratos cuestionados y en la gestión deficitaria de la Procuraduría en términos de resultados sancionatorios y manejo de procesos disciplinarios. Según la congresista, algunos contratos de prestación de servicios del año 2023 ascendieron a la suma de 1.638 millones de pesos, una cantidad cuestionable frente a la justificación de falta de recursos para realizar concursos de méritos obligatorios para la selección de personal en carrera administrativa.
Además, Hernández señaló que bajo la administración de Cabello, se han observado prácticas que favorecen a ciertos clanes políticos y amigos, en detrimento de la eficiencia y la transparencia esperada de un organismo de control estatal. Esta situación se ve agravada por el escaso número de fallos sancionatorios emitidos por la Procuraduría entre 2021 y julio de 2023, periodo durante el cual más de 2.576 procesos disciplinarios habrían caducado o prescrito, apuntando a un alarmante nivel de impunidad.
En lo referente a las acciones legales enfrentadas por la entidad, los datos proporcionados por Hernández indican que la Procuraduría ha sido objeto de 540 condenas desfavorables en demandas judiciales, representando un costo para el país de 78.748 millones de pesos. Estas cifras subrayan un posible detrimento en los recursos del Estado, agravado por decisiones de la Procuraduría que, a juicio de la senadora, adolecen de solidez jurídica.
Los señalamientos de Hernández invocan una profunda revisión de las prácticas administrativas y de nombramiento en la Procuraduría, poniendo en cuestión la gestión de Margarita Cabello al frente del organismo y llamando la atención sobre los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas en las instituciones estatales colombianas.
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