Revocaron la medida de arresto contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar

El juzgado Cuarto Penal de Pereira revocó la orden de captura que pesaba sobre el alcalde Mauricio Salazar Peláez emitida por el juzgado Décimo a mediados de enero del 2024.

Tras aceptar los argumentos de la defensa del mandatario local, el juzgado Cuarto Penal desestimó la decisión de enviar a la cárcel al alcalde por un término de cinco días. La sanción, que incluía una millonaria multa económica, se estableció por la supuesta responsabilidad del mandatario en la suspensión de un programa social que beneficiaba a habitantes de la calle.

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De acuerdo con la defensa de Salazar, la revocatoria de la orden de captura contra el alcalde de Pereira se logró debido a que se pudo demostrar una inconsistencia en el proceso.

“El juzgado determinó que de inmediato debía el nuevo mandatario cubrir el programa de los habitantes de calle, pero este no podía ser obligado a celebrar un contrato en 48 horas, ya que se violaba la normatividad legal”, explicó el abogado Benjamín Herrera Agudelo, citado por la emisora La FM.

“Por tal razón había que demostrarle que sí se realizaron varias gestiones para continuar con un programa que cubre a los habitantes de calle”, añadió el defensor.

A mediados de enero se conoció que el desacato de un fallo de tutela por parte del alcalde Mauricio Salazar lo tenía en problemas.

Tras estudiar la acción de tutela interpuesta por habitantes de la calle de esa ciudad en diciembre de 2023, cuando el alcalde de Pereira era Carlos Maya, el Juzgado Décimo Penal Municipal cobijó con una sanción penal y económica no solo al recién elegido mandatario local sino a la secretaria de Desarrollo Social, Diana Cristina Grisales Calvo.

De acuerdo con la determinación que en ese momento tomó el juez, Mauricio Salazar habría vulnerado los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, seguridad social y a la salud de los habitantes de la calle de esa ciudad.

Lo anterior, porque la administración municipal estaba obligada a continuar con un programa social en el que se disponían distintos albergues para que los habitantes de la calle recibieran atención social. En esos espacios se le permitía a esa población vulnerable dormir y bañarse, entre otras cosas.

El Juzgado Décimo Penal Municipal le dio un plazo de 48 horas a la administración para tomar las acciones respectivas que permitieran garantizar la atención de los habitantes de la calle en los albergues. En la decisión además se estableció que se debía asegurar el funcionamiento de los espacios, al menos, hasta el 20 de enero de este año.

Ese plazo determinado por el juez se cumplía el 1 de enero de 2024, teniendo en cuenta que el fallo fue emitido el 29 de diciembre de 2023.

Pese a que el primer día del año el alcalde elegido se posesionaba, eso no lo eximía del cumplimiento del fallo, teniendo en cuenta que la tutela estaba dirigida a la administración municipal y no al alcalde que ejercía cuando se ejecutó la acción ante a las autoridades.

Como la Alcaldía de Pereira no estableció ninguna solución al problema con el funcionamiento de los albergues en el plazo establecido, el 2 de enero de 2024 se presentó un incidente de desacato con el que se sancionó al mandatario local.

Aunque la defensa del alcalde aseguró que el desacato fue consecuencia de la falta de tiempo para firmar un nuevo contrato, el mandatario local dijo abiertamente que lo querían obligar a continuar con el programa le costaba mucho tiempo al municipio.

“Me quieren obligar a continuar con el proyecto de atención “Granja habitante de calle”, donde cada habitante le cuesta al municipio 6 millones de pesos mensuales, entre otras cosas porque les dan SEIS comidas al día”, dijo el mandatario tras conocer la orden del juez.

“Mi proyecto es tener un albergue de paso que nos cueste mucho menos para así poder darle alimentación a niños y adultos mayores que hoy están aguantando hambre”, añadió.