La polémica gira en torno a un supuesto aporte económico de $500 millones no reportado de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a la campaña presidencial de Petro en 2022, lo cual podría constituir una irregularidad en la financiación de la misma.

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Al respecto, la MOE aseguró que urge una reforma estructural al sistema de financiación de las campañas electorales y los mecanismos de control dispuestos para hacerle seguimiento a todos los recursos que ingresan y se invierten durante los procesos electorales.

Para la organización, “el debate sobre presuntas financiaciones irregulares de las contiendas electorales es recurrente en las campañas presidenciales y el modelo actual favorece la opacidad de los recursos”.

Muestra de ello es que a tres días de realizarse las elecciones de autoridades locales, en octubre de 2023, no se tenía información de los ingresos y gastos del 91,2% de las candidaturas.

Por lo anterior, la MOE hizo un fuerte llamado al Congreso de la República por la “falta de voluntad política para discutir una reforma, pese a la evidente necesidad de una discusión seria sobre este tema”.

Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia, afirmó que “ello ha derivado en que hoy estamos nuevamente frente a discusiones que pueden llevar a soluciones absurdas”.

La Misión de Observación Electoral señaló algunos de los temas de debate sobre la presunta financiación irregular de Fecode a la campaña presidencial de 2022, que deberán ser resueltos por las autoridades competentes:

“Las reglas electorales prohíben a las personas jurídicas hacer aportes a las campañas presidenciales, pero no a los partidos políticos. Así, de aceptarse como válido que las personas jurídicas realicen donaciones a los partidos políticos para que estos a su vez aporten a las campañas, este se puede convertir en un medio para triangular recursos de entes prohibidos a las campañas a la presidencia”, dijo la MOE.

De otra parte, la organización indicó que surge la duda sobre si un sindicato de trabajadores al servicio del Estado puede hacer aportes a una campaña.

“La ley es clara en prohibir la financiación proveniente de ‘personas que desempeñan funciones públicas’, con excepción de la que pueden realizar los integrantes de las corporaciones públicas a los partidos que pertenezcan o a sus propias campañas, pero no aborda expresamente la financiación de los sindicatos conformados por personas que desempeñan funciones públicas. Esto puede llevar a la incongruencia de determinar que los trabajadores del Estado no puedan hacer aportes, pero la unión de trabajadores sí”.

Finalmente, la MOE puso sobre la mesa si los gastos efectuados el día de la jornada electoral y los siguientes, en los que se definen los resultados electorales, deben ser considerados gastos de campaña, al realizarse por fuera de los periodos de campaña.

Así las cosas, aseguró que: “Excluir los recursos que se utilizan por las candidaturas durante el día D no solo sería contrario a los principios de transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de las campañas electorales, sino que supondría que hay gastos que no se deben reportar por las candidaturas”.

Finalmente, señaló que la discusión sobre este tema no se puede aplazar más en el Congreso y pidió que la reforma que analice el modelo de financiación en conjunto debe estar acompañada también de una reestructuración del Consejo Nacional Electoral para que esta autoridad cuente con las capacidades técnicas, administrativas y financieras que garanticen un monitoreo, investigación y sanción efectivos y eficientes en materia de financiación.