
La nueva asonada cometida contra de miembros del Ejército en el corregimiento de El Plateado, en zona rural del municipio de Argelia (Cauca), cuando capturaron a un hombre que llevaba 4,5 kilogramos de base de coca, despertó una ola de críticas contra el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Y todo por lo que sería, a juicio de políticos opositores, una nueva muestra de debilidad del Estado.
Así como lo denunció la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, que a través de sus redes sociales emitió un enérgico pronunciamiento en contra del jefe de Estado y lamentó lo que sería, según ella, la entrega del país a los grupos armados ilegales, como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que opera en esta zona del occidente de Colombia.
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“Esto es inaudito. Nuestros soldados y policías a merced de los delincuentes y criminales. El Gobierno entregó la institucionalidad a los bandidos”, comentó la congresista uribista, que ya anunció que será candidata a la presidencia en 2026, ante lo que considera ella es el legado de Petro en sus primeros 17 meses al frente del cargo, en los que se ha dedicado a defenderse de los escándalos que lo salpican.

La asonada contra militares en El Plateado
Según reportó el comandante de las FF. MM. en rueda de prensa, un sujeto fue capturado en flagrancia con el alcaloide en su poder. No obstante, la presión de la comunidad, al parecer coaccionada por miembros de las disidencias, impidieron —según el alto oficial— el accionar de la misión institucional del Ejército, por lo que no tuvieron otra alternativa que dejar en libertad al detenido, como se ve en videos.
Justo después de que se entrega a los moradores de la zona al capturado, la asonada llegó a su fin, en una nueva intimidación a los miembros de la fuerza pública que buscan recuperar ese sector del país que ha estado bajo el dominio de grupos al margen de la ley y que, incluso, generó una grave crisis en el proceso de paz que lleva a cabo el Gobierno nacional con la estructura de alias Iván Mordisco.
Lo que llamó la atención fue que en esta disputa los habitantes amenazaban a los soldados con denunciarlos ante el presidente Petro. “La población civil le hace una asonada a la tropa que tenía capturado a este sujeto, impidiendo la misión constitucional del Ejército. En este momento se están poniendo las denuncias ante la autoridad competente, que se constituye en una acción penal”, indicó Giraldo.
Este nuevo suceso despertó las alarmas sobre la situación de orden público en el Cauca y la capacidad de maniobra del Ejército. Sobre todo, en un periodo en el que está en vigencia el cese al fuego bilateral con las disidencias, que fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio de 2024. Acuerdo que no solo incluye las hostilidades, sino cualquier práctica que ponga en riesgo a la población.
Por lo pronto, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre este asunto, aunque en un encuentro previo con los comandantes regionales y el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, hizo énfasis en el accionar de las estructuras narcotraficantes en el cañón de Micay, en el Cauca y cómo estas organizaciones no protagonizan una lucha política, sino buscarían conservar las rentas de la droga.
“Ya aquí no se habla de revolución, ni de la toma del poder, ni de defender el poder. Se habla del negocio, punto. Los negocios. Y se miden miles de millones de dólares. Lo que pasa es que en esos negocios se va hundiendo la nación y el Estado, y la posibilidad de ser una patria”, manifestó el jefe de Estado desde las instalaciones de la Dirección de Bienestar Social de la institución.
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