El Gobierno nacional firmó un decreto con el cual se establecen los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en medio del plan de ordenamiento minero-ambiental.

Los ministros de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, fueron los encargados de dar aval al Decreto 044 de 2024, con el cual se cambian los criterios para obtener títulos mineros y restringir actividades de minería en áreas de especial importancia ecológica.

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Esta medida fue emitida por los ministerios de Ambiente y Minas y Energía, ante el fallo del Consejo de Estado, que fue catalogado como histórico, y otras sentencias de la Corte Constitucional, las cuales ordenaron al Gobierno la planificación concertada para definir reservas temporales, mientras se delimitan reservas ambientales de largo plazo, precisamente, para prevenir que la autoridad minera, siga otorgando títulos mineros en ecosistemas sensibles.

“Lo que quiere evitar es que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles donde nunca debió haber minería y así impedir que se generen más problemas jurídicos, pues nos exhorta a generar estas reservas temporales”, afirmó la ministra Susana Muhamad.

Las reservas ambientales temporales se establecerán a través de resoluciones que emitirá el Ministerio de Ambiente y un acto administrativo que deberá contar con los estudios técnicos necesarios. Sobre dichas medidas, afirmó Susana Muhamad, cualquier ciudadano podrá interponer recursos legales o demandar.

La ministra ya había aclarado, con anterioridad a la expedición del decreto, que con dicha norma no se pretende quitar licencias ya otorgadas: “en ninguna forma el decreto que se ha publicado para consulta pública va a violar derechos adquiridos, por ejemplo, una empresa que tenga ya su licencia ambiental, tenga su plan de trabajo y de obras, tenga su concesión y esté operando de forma responsable y cumpliendo todos los requisitos lo podrá seguir haciendo porque ya tiene un derecho adquirido”.

La nueva medida del Gobierno ha sido recibido con inquietud por el sector minero, que lo ve como una amenaza a sus actividades.

Para la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el decreto puede ser usado de manera arbitraria y subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada ligadas a la minería, ya que permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios, ni criterios técnicos.

Además, desconoce la autonomía de las autoridades territoriales y anula por completo la competencia en materia ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Así mismo, ignora los análisis y el rigor técnico, lo que va en contravía de objetividad que debe primar en las decisiones administrativas.

De acuerdo con la ACM, a pesar de recibir más de 400 comentarios y solicitudes de ajustes, no se aprecia que estos hayan sido reflejados en el decreto expedido, así como tampoco se generaron los espacios de diálogo y participación técnicos necesarios.

Juan Camilo Nariño, presidente Asociación Colombiana de Minería, mostró preocupación y criticó el decreto por considerarlo arbitrario y subjetivo, argumentando que, al ser un acto administrativo de rango inferior, no debería poder modificar normas de rango legal como el artículo 34 del Código de Minas, sin pasar por el trámite legislativo requerido.

Finalmente, la ACM señaló que el Decreto 044 de 2024 se puede convertir en una carta blanca para impedir el desarrollo sostenible del país. “El Gobierno no puede olvidar que la minería formal representa el 3% de la economía nacional, más de 20 billones de pesos en aportes en renta, regalías y más de un billón de pesos en inversiones ambientales y sociales”.