En recientes movimientos administrativos dentro de algunas de las instituciones estatales clave, como Invima, Nueva EPS, el Ministerio de Minas y Ecopetrol, se ha evidenciado un cambio en los manuales de funciones, que ahora permiten ajustes en los requisitos para ocupar cargos directivos.
Dichas modificaciones, aligeran las condiciones previas de formación académica y experiencia, por lo que han generado controversia y preocupación entre expertos por posibles efectos adversos en la calidad técnica de la gestión estatal.
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Una de las modificaciones más destacadas se dio en Nueva EPS, donde, tras una decisión unánime de su junta directiva, se flexibilizaron las condiciones para el nombramiento de Aldo Cadena como director.
Originalmente se requería una maestría y 15 años de experiencia a nivel directivo en el ámbito de salud. La nueva disposición rebajó estos requisitos a una especialización y eliminó la obligatoriedad de los 15 años de experiencia.
Por su parte, Invima adoptó ajustes similares el 15 de enero mediante la resolución 1319, abriendo la posibilidad de nombrar a profesionales de cualquier área, sin necesidad de especialización técnica en farmacología o medicamentos, un cambio que se comentó podría favorecer el nombramiento del filósofo Germán Velásquez, quien finalmente declinó la posición.
Estas alteraciones en los perfiles requeridos para liderar entidades tan críticas han levantado alarmas sobre el riesgo de comprometer el desempeño técnico y la eficacia en la ejecución de responsabilidades vitales para el país. Aunque no se ha confirmado que estos cambios respondan a una estrategia coordinada dentro del gobierno de Petro, sí reflejan una tendencia preocupante hacia la flexibilización en la selección de líderes dentro de la administración pública.
Respecto a la controversia sobre el caso de Germán Velásquez y el Invima, este último expresó que se utilizaron argumentos sobre su formación en filosofía para complicar su nombramiento, incluso señalando que existían decretos que hubieran permitido su designación sin estos obstáculos.
Sin embargo, desistió de asumir el cargo, citando que modificar el manual de Invima para su nombramiento habría sido un proceso simple bajo el mando del ministerio de Salud.
Estos eventos encienden un debate sobre el balance entre la idoneidad y la flexibilidad en la selección de personal para cargos de alta responsabilidad, invitando a una reflexión sobre las prioridades y criterios que deben guiar la administración pública.
Caso Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol
Desde el inicio de la administración del Gobierno Petro, se han efectuado relevantes modificaciones en el ámbito energético y de recursos minerales en Colombia, destacando los cambios en el Ministerio de Minas y Energía y en Ecopetrol.
Una reestructuración normativa permitió la incorporación de nuevos talentos, incluyendo el nombramiento de la exministra Irene Vélez, quien tiene formación en filosofía. Estas reformas han habilitado la entrada de 31 personas en distintos niveles jerárquicos dentro del Ministerio, además de fomentar una mayor inclusión de mujeres y jóvenes en posiciones de liderazgo dentro de la empresa estatal de petróleos.
En detalle, los ajustes incluyen la ocupación de 13 puestos en el despacho del ministro, 11 en el viceministerio de Energía, cinco en el viceministerio de Minas y dos en puestos directivos.
Paralelamente, durante la reciente Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, se aprobó una reforma estatutaria promovida por el Estado, mayor accionista de la empresa, que incrementó la cuota mínima de participación femenina en la Junta Directiva. Con la nueva medida, de los nueve integrantes que conforman la Junta, al menos tres deben ser mujeres, lo que representa un esfuerzo por asegurar un mínimo del 30% de participación femenina, en línea con los objetivos de diversidad e inclusión de la compañía. Además, se ha reducido de 15 a 12 años la experiencia profesional requerida para formar parte de este órgano decisorio.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, enfatizó que estas reformas buscan proporcionar mayor flexibilidad en los requisitos para los aspirantes a la Junta Directiva, mirando especialmente hacia la inclusión de perfiles juveniles en estas posiciones de liderazgo y decisión.
Se menciona que entre los nuevos integrantes se encuentra Edwin Palma, figura notoria dentro de los círculos energéticos y mineros del país. Según especialistas del sector consultados por Portafolio, el objetivo detrás de estas modificaciones es diversificar la participación en la empresa, abriendo espacio para perspectivas innovadoras y variadas, cruciales en un momento de transición y retos significativos para el sector.
El Ministerio de la Igualdad también modificó su manual pese a su reciente creación
Este Ministerio también fue objeto de discusión tras las declaraciones sobre la supuesta alteración de su manual de procedimientos para el nombramiento de Gareth Steven Sella como subsecretario de Juventud. Carolina Hoyos, principal abogada de la institución, aclaró en una entrevista con La W Radio que no se trataba de modificaciones, sino de una adaptación progresiva a políticas más inclusivas.
Según Hoyos, esta situación es parte del proceso de creación y adaptación inicial de la entidad gubernamental. El objetivo siempre ha sido establecer una base sólida que permita la implementación de políticas progresistas, lo cual justifica la evolución continua del manual de funciones.
Aseguró que el desarrollo de estos lineamientos se realiza en paralelo a la estructuración de roles dentro del Ministerio, enfocándose principalmente en cómo estos pueden contribuir de manera efectiva a las metas de igualdad y equidad.
La principal implicación de estas declaraciones radica en el enfoque progresista que el Ministerio de la Igualdad desea adoptar. Buscando actualizar y adecuar sus procedimientos y políticas internas, se apuesta por un modelo que se aleja de las tradicionales estructuras rígidas, proponiendo un ambiente de trabajo más dinámico y adaptable a las necesidades actuales de la sociedad.