Revelan una trama de corrupción en el Ejército: altos mandos fueron capturados

En una operación conjunta entre el Ejército de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de 14 personas involucradas en la expedición ilegal de libretas militares, afectando directamente la integridad del sistema Fénix, utilizado por el Comando de Reclutamiento de la institución castrense para gestionar la situación militar de los ciudadanos.

Según informaron las autoridades, entre los detenidos se incluyen funcionarios activos y retirados del Ejército, así como civiles. Adicionalmente, las capturas tuvieron lugar en diferentes regiones del país, incluyendo Florencia (Caquetá), Medellín (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Tunja y Samacá (Boyacá), Cali y Palmira (Valle), Valledupar (César) y Villavicencio (Meta).

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Este grupo, compuesto por dos oficiales, tres suboficiales, tres soldados de la reserva activa, y ocho personas en retiro del Ejército, junto con un civil, son acusados de modificar irregularmente el estado de las libretas militares dentro del sistema Fénix, un procedimiento que debería regirse estrictamente por la ley. Cabe destacar que, esta herramienta permite a los usuarios consultar su situación militar, inscribirse, realizar pagos online para obtener la libreta física y descargar certificaciones de manera gratuita y sin intermediarios, simplificando significativamente el proceso.

En consecuencia, estas acciones no solamente violan los flujogramas establecidos, sino que comprometen la seguridad de un sistema clave para la definición de la situación militar de los jóvenes en todo el territorio colombiano.

“Las modificaciones y cambios de estados en el sistema misional Fénix de manera irregular, sin contar con la documentación soporte para acreditar la excepción de ley y sin cumplir con el flujograma de estados del sistema Fénix en el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional”, aseguró una fuente oficial según El Tiempo.

Entre los implicados en la operación fraudulenta fueron identificados miembro activos como el coronel Augusto Herbert Blanco Ruiz, el teniente coronel Javier Andrés Borrero Chavarro, el teniente Edwin Arley Rodriguez Aponte, el sargento viceprimero Fredy Meza Porras y el cabo tercero Freimerth Saith Otalora Salgado.

Además, se detuvo a varias personas retiradas del Ejército y a un civil: Faiver Coronado Camero, Diana Marcela Molano Rojas, Fernando Otalora Valencia, Rodrigo Alonso Ágreda Camargo, Hernán Rodrigo López Paez, Juan Pablo Colorado Jaramillo, Melquisidec Amaya Nope y Luis Ariel Chavarro Marín. Además del civil Jorge Stiven Tabares Jaramillo.

Todos ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la dirección especializada contra delitos informáticos de Bogotá, donde podrían enfrentar cargos por concierto para delinquir, con agravantes punitivas asociadas al acceso ilícito a sistemas informáticos. La implicación de militares activos y retirados en actividades ilícitas socava la confianza en las instituciones del país y destaca la importancia de mantener sistemas de gestión y control robustos.

De otro lado, la operación marca un esfuerzo significativo por parte de las autoridades colombianas para garantizar la transparencia y legalidad en la administración de la situación militar de los ciudadanos. Los procedimientos irregulares en la expedición de documentos militares no solo comprometen la seguridad nacional, sino que perjudican a los individuos que se ven involucrados en estas prácticas corruptas.

La Ley 2341 de 2023, recientemente sancionada por el presidente Gustavo Petro, ofrece a jóvenes colombianos mayores de 24 años la oportunidad de regularizar su situación militar sin incurrir en multas de hasta $5′000.000. La normativa estipula un sistema de pago basado en la capacidad económica del individuo, fijando montos que varían entre $58.000 y $580.000. Este avance legislativo fue impulsado por el Partido Mira y el senador Manuel Virgüez, ponente del proyecto.

Esta ley permite a aquellos con ingresos de hasta dos salarios mínimos legales vigentes efectuar un solo pago compensatorio, calculado en proporción a sus ingresos, para resolver su situación militar. Además, contempla condiciones específicas para jóvenes menores de 24 años que no han definido su situación militar, pero se encuentran cursando estudios superiores, y para colombianos residentes en el extranjero. Los montos a pagar por la regularización se escalonan desde el 5% hasta el 50% de un salario mínimo, dependiendo del nivel de ingresos del solicitante.

Para acreditar su situación económica, los solicitantes deben presentar certificaciones de ingreso o, en su defecto, una declaración de ausencia de ingresos. La ley también ofrece una vía para que los estudiantes universitarios menores de 24 años pospongan su situación militar hasta culminar sus estudios. Los ciudadanos en el extranjero se beneficiarán de un trato igualitario, debiendo aportar el 50% de un salario mínimo como cuota de compensación.