Exministros advierten de fallas en el Presupuesto General de la Nación 2024: podrían demandarlo por inconstitucionalidad

El Ministerio de Hacienda afronta serias críticas debido a dos errores identificados en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024, los cuales, al parecer, podrían comprometer la estabilidad financiera del país. El análisis realizado por Portafolio ha destapado que estas fallas, una de índole legal y otro técnico, contradicen directrices establecidas y de vital importancia para la economía nacional.

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Según Portafolio, el primer error detectado se encuentra en el Decreto 2295, emitido el 29 de diciembre de 2023, conocido como el decreto de liquidación presupuestal. Este contiene un anexo que detalla el desglose del gasto para 2024, infringiendo la normativa que exige que este y el documento principal sean presentados de manera independiente. Dicha disposición viola específicamente el artículo 67 del Decreto 111 de 1996, también referido como Estatuto Orgánico de Presupuesto, que dictamina cómo deben estructurarse estos documentos financieros.

El otro error técnico se halla en la falta de especificación en la asignación de fondos para cuatro entidades clave, sumando un total aproximado de 13 billones, según informaciones analizadas. Dicha omisión plantea serias inquietudes sobre la transparencia y el manejo fiscal, especialmente en sectores críticos como infraestructura y educación. Destacan entre los afectados la Agencia Nacional de Infraestructura con una asignación pendiente de 7.3 billones, el Instituto Nacional de Vías con (3.2 billones), además de considerables sumas destinadas al manejo de Sistemas de Transporte Masivo (1.6 billones) y Sistemas Férreos ($351.000 millones).

Los recursos destinados a la infraestructura educativa desde el Ministerio de Educación, valorados en $560.000 millones, también se ven comprometidos bajo esta situación. Este sector enfrenta un escenario de incertidumbre que podría impactar negativamente la construcción y mejora de escuelas y colegios oficiales, esenciales para el acceso a una educación de calidad en el país.

En un intento por profundizar en las posibles repercusiones de esta anomalía presupuestaria Portafolio consultó a expertos en materia fiscal y normativa. Estos señalan que la manera en que se ha presentado el presupuesto podría interpretarse como una transgresión a los requerimientos de detalle y especificidad exigidos por la ley, lo que a su vez sugiere la posibilidad de inconstitucionalidad en las cifras propuestas.

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, abordó recientemente las preocupaciones en torno a la forma en que se está manejando el presupuesto en Colombia, señalando errores específicos que, aunque mayormente técnicos, requieren atención inmediata para evitar complicaciones futuras. Según Restrepo, la correcta clasificación de ingresos y la autorización de gastos son fundamentales para el manejo adecuado del presupuesto nacional.

Restrepo, con un sólido trasfondo en economía y derecho económico, explicó que para asegurar la idoneidad y transparencia del presupuesto es crucial una distinción clara entre los estimativos de ingresos y las autorizaciones de gastos en la legislación aprobada por el Congreso.

Esta diferenciación permite no solo cumplir con procedimientos estándar sino también garantizar una mayor claridad en cómo el gobierno planea utilizar los recursos. Sin embargo, expresó su preocupación sobre la práctica de no detallar exhaustivamente cómo se ejecutarán los fondos de cuatro entidades importantes, lo que va en contra de la preferencia de la ley por evitar las asignaciones globales sin especificaciones detalladas.

Además, Restrepo subrayó la importancia de adherirse a dos principios fundamentales al gestionar el presupuesto nacional: la necesidad de un desglose claro de los recursos y una estructura detallada de gastos. Estos componentes son vitales para el manejo eficiente y transparente de los fondos públicos.

En su análisis, advirtió contra el riesgo de caer en un excesivo formalismo que podría entorpecer el proceso presupuestario, especialmente si las disposiciones necesarias ya están presentes en la legislación aprobada.

“Puede haber un problema porque si la definición es así, tan global, rompe el principio de que la designación del gasto debe especificar el rubro y el objetivo. Si solamente tiene para mantenimiento un área general, pero no dice cuáles serán los proyectos, pues eso rompe con el principio de la especificidad del gasto (...) el riesgo de que se le reprochen vicios de constitucionalidad sigue vigente, porque la ley está aprobada”, sentenció Restrepo.

Otro postura presentada por Portafolio es la del exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, cuyas preocupaciones residen específicamente en fallos que podrían amenazar la ejecución de programas y pagos esenciales debido a la falta de especificidad en la asignación de fondos para mantenimientos y proyectos, generando un riesgo de demandas por la legalidad del documento.

La crítica central alrededor de la polémica gira en torno a la ambigüedad de la destinación de fondos en el presupuesto, que, según él, podría infringir el principio de especificidad requerido por ley. Por lo anterior subraya la importancia de corregir estos errores a la mayor brevedad posible para evitar consecuencias como la imposibilidad de ejecutar el presupuesto, pues de lo contrario se podría dejar al Gobierno en la incapacidad de cubrir gastos cruciales, como salarios y pensiones, lo cual subraya la seriedad de la situación.

Las preocupaciones no se limitan solamente a las implicaciones inmediatas de estos errores. Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto en la Universidad del Rosario, el tercer experto consultado por el medio, resalta la posibilidad de que la Corte Constitucional encuentre inconstitucionales algunos procedimientos del desarrollo presupuestario, lo cual desataría una incertidumbre aún mayor.

Para Amorocho es importante incluso evaluar el escenario más complicado de todos en ese caso “si la Corte Constitucional falla sobre la inexequibilidad de algún procedimiento o alguna norma que haya llevado todo el desarrollo de la reglamentación presupuestal, en la que fue la ley anual de presupuesto para 2024, pues genera incertidumbre, porque quedaríamos pendientes de saber qué pasaría con un asunto tan importante”

Según fuentes dentro del Gobierno, el malestar ya ha provocado la renuncia de al menos dos expertos del ministerio, temerosos de posibles repercusiones legales futuras debido a la persistencia de estos errores a pesar de las advertencias emitidas.