La situación está basada en la captura de Ciro Ramírez, el 15 de diciembre de 2023. La Corte Suprema de Justicia envió un oficio al Senado de la República el pasado 24 de enero de 2024 en el que notifica la situación judicial del sindicado, que fue acusado de incurrir en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
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Dicho esto, el Senado de la República solicitó de manera formal los detalles que rodean la retención del congresista. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia procedió con la notificación relacionada con la decisión de la Sala Especial de Instrucción, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda.
A partir de ello, el punto a seguir por parte del Congreso de la República es aplicar el proceso de la “silla vacía”, el cual contempla que ningún miembro del Centro Democrático ocupe la curul que permanece inactiva por la detención de Ramírez. La medida está basada en que el senador está implicado en delitos asociados a faltas contra la administración pública.
Cabe resaltar que la orden de captura contra Ciro Ramírez está basada en su posible participación en el redireccionamiento de 13 contratos para la construcción de vías en Quindío y Tolima.
El congresista se habría beneficiado de dicha situación al recibir pagos ilícitos, caso que representa una red de corrupción en el Congreso de la República. Incluso, en su momento, la Procuraduría General de la Nación indicó que los contratos por los que ahora Ramírez afronta medida de aseguramiento sumaban más de $9.000 millones.
Cómo se habría gestado la red de corrupción
Cabe resaltar que Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa Proyecta Quindío —una de las compañías inmersas en el caso de corrupción— que fue capturado el 29 de julio de 2022, admitió haber direccionado dos contratos interadministrativos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Dichos vínculos, que se habrían establecido entre agosto y noviembre de 2021, abarcaban sumas de $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente. Precisamente, con ese dinero, Herrera Correa pagó más de $1.000 millones en coimas a Ramírez y sus aliados. Incluso, el sindicado senador habría pedido el 10% y 15% de ganancia por cada contrato firmado.
Herrera Correa indicó que el objetivo de la relación con el congresista era que la firma que él manejaba organizara las obras a Ramírez en los sectores en los que él podría tener mayor presencia electoral, lo que denotaría además en mayor cantidad de votos de cara a la siguiente jornada de dicha índole en aquel momento.
Además, se conoció que los contratos en cuestión habrían sido pagados con dinero del fondo de inversión para la paz. De igual forma, el exgerente de la compañía quindiana manifestó que el senador del Centro Democrático tuvo que pagar un dinero al excongresista Pierre García, que además fue subdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en el gobierno de Iván Duque y que también habría estado involucrado en el proceso.
“Iniciamos a tener reuniones conjuntas en la ciudad de Bogotá, entre los señores Pierre García, en su calidad de subdirector del DPS, y su equipo de colaboradores cercanos, Carlos Méndez y Juan Mauricio Montealegre, los mismos de siempre, y el senador Ciro Ramírez, en el sexto piso del edificio del DPS”, indicó en su momento Pablo César Herrera Correa.
Así las cosas, Ciro Ramírez deberá permanecer recluido en un centro carcelario hasta que se expida una sentencia en el alto tribunal, situación que se podría registrar en los próximos meses.