Contraloría envió alertas sobre la Nueva EPS y Sanitas: las investiga por uso indebido de recursos del Estado

La Contraloría General de la República identificó infracciones en la gestión de fondos públicos por parte de dos de las Entidades Promotoras de Salud más grandes del país, como lo son EPS Sanitas y Nueva EPS.

Tras una auditoría de cumplimiento, se revelaron deficiencias en el uso de recursos destinados a la salud. Las anomalías subrayan un manejo inadecuado que pone en peligro la prestación eficiente de servicios médicos, destacando la falta de reservas técnicas en Sanitas y el incumplimiento contractual en Nueva EPS, que resulta en un presunto perjuicio económico de 2.425 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La investigación evidenció que la EPS Sanitas no cumplió con la obligación de mantener reservas técnicas necesarias para asegurar su liquidez. Este hecho genera una preocupación particular respecto a la capacidad de la entidad para afrontar responsabilidades económicas emergentes.

Además, la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) indica una problemática en cuanto a la contabilidad de costos dentro de esta entidad, lo que impide determinar si existe un balance adecuado entre ingresos y gastos para sostener la oferta de servicios de salud.

Por su parte, aunque la Nueva EPS dispone de reservas técnicas, enfrenta señalamientos por no cumplir adecuadamente con las disposiciones contractuales en la gestión de los recursos de la UPC, lo que conlleva a un presunto daño económico significativo.

Las fallas encontradas tras la auditoría abarcan diversos aspectos operativos y financieros, mostrando una brecha amplia entre las prácticas de estas EPS y los estándares requeridos por la normativa aplicable.

Se destacan problemas en la gestión documental, retrasos en la aplicación del Decreto 441 de 2022 y deficiencias en la supervisión contractual. Frente a los 12 hallazgos encontrados, la Contraloría anunció la implementación de un proceso administrativo sancionatorio orientado a corregir específicamente los puntos críticos identificados y que están relacionados con el objetivo específico de estas entidades.

Además, se ha solicitado a EPS Sanitas la elaboración de un plan de mejoramiento que deberá incluir medidas correctivas y preventivas vigiladas de cerca por la Contraloría, con el objetivo de asegurar la efectiva rectificación de las irregularidades.

Estos resultados arrojan una luz sobre importantes desafíos en la administración de recursos destinados a la salud pública por parte de entidades de preeminencia en el sector. La intervención oportuna de la Contraloría General de la República busca no solo corregir las irregularidades sino también fortalecer la transparencia y responsabilidad en la gestión de fondos públicos, esenciales para la prestación de servicios de salud eficientes y accesibles a la población.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) elevó una alerta sobre la crítica situación financiera que enfrenta el sector salud, señalando una deuda del Estado con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que supera los $2,5 billones colombianos.

Esta deuda corresponde a los pagos atrasados de los presupuestos máximos destinados a cubrir necesidades esenciales como pañales, alimentos de propósito médico, medicamentos de alto costo, y cuidadores, los cuales han estado desfinanciados durante los años 2022 y 2023, con una incertidumbre adicional sobre el presupuesto para el 2024.

La situación financiera del sector salud ha sido motivo de preocupación constante, especialmente con la demora en la transferencia de fondos por parte del Estado.

La senadora Norma Hurtado criticó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y al Ministerio de Salud por no cumplir con los compromisos de pago de los ajustes de presupuestos máximos de los años 2022 y 2023, además de los pagos correspondientes a diciembre del año pasado.

Este retraso en los pagos ha contribuido a agudizar la crisis financiera del sector, afectando el flujo de recursos y comprometiendo la continuidad de los servicios de salud.

Desde la perspectiva de financiación del sector salud, Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, explicó que el sistema se divide entre el aseguramiento y otros servicios que no están cubiertos por las primas pagadas por las EPS. Históricamente, las EPS pagaban por estos servicios adicionales y luego solicitaban el reembolso al Estado, un proceso que se ha visto obstaculizado por la incapacidad del Estado para cubrir estos costos, llevando a un cambio de modelo en 2019.

La crítica situación financiera del sector salud en Colombia revela los desafíos en la gestión de los recursos destinados a garantizar la prestación de servicios médicos esenciales y pone de manifiesto la necesidad urgente de encontrar soluciones sostenibles para superar esta crisis.