Brecha de género en las campañas políticas: a las candidatas mujeres les asignan menos recursos, asegura el CNE

Un reciente informe del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy ha sacado a la luz preocupaciones en torno a la inequidad de género en la financiación de campañas políticas en Colombia.

El estudio destaca cómo esta problemática afecta la asignación de recursos, tanto de partidos políticos, como del Estado. Este análisis se centra en las elecciones del 29 de octubre del 2023, en los que se evidencia desigualdades en el apoyo financiero que reciben candidatos de diferentes géneros.

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La cuestión de la equidad de género ha sido un tema de discusión recurrente en el país y ha visto esfuerzos constantes para su abordaje. El presidente Gustavo Petro ha reafirmado su compromiso con este asunto, destacando la creación del Ministerio de la Igualdad el año pasado como un paso hacia el avance en esta dirección.

Sin embargo, el documento de Lorduy resalta que, pese a estos esfuerzos, todavía persisten brechas importantes, particularmente en el campo de la financiación electoral, un componente crítico para la participación y éxito político.

El análisis proporciona una visión crítica sobre cómo las estructuras de poder y los recursos económicos se distribuyen de manera inequitativa en el ámbito político, lo que podría estar limitando la representación y participación de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones. Este tema no solo afecta la igualdad de condiciones entre candidatos sino que también refleja desafíos más amplios en términos de igualdad de género dentro de la sociedad colombiana.

De acuerdo con las cifras de Cuentas Claras tomadas por el informe, las candidatas enfrentan obstáculos financieros significativos en comparación con los candidatos masculinos. Durante los últimos comicios, de un total de 128.530 participantes, 50.254 eran mujeres, lo que representa el 39,1%, mientras que 78.276 eran hombres, equivalente al 60,9%. A pesar de esta notable diferencia en participación, el nivel de transparencia en cuanto a la reportación de ingresos y gastos de campaña fue similar entre ambos géneros, con un 88% de cumplimiento por parte de las mujeres y un 89% por parte de los hombres.

Según el informe, en las recientes campañas electorales, solo un 21,4% del financiamiento total fue destinado a candidatas femeninas, a pesar de que estas representaban casi el 40% de las postulaciones. Este desequilibrio revela una profunda brecha de género en el acceso a recursos para campañas electorales, con mujeres recibiendo en promedio 2,9 millones, menos de la mitad en comparación con los 6,7 millones otorgados en promedio a los hombres.

Sonia Marina Castro Mora, socia de Yepes Castro Estudio Jurídico, destacó en el portal Asuntos Legales, que la inequidad de género en el ámbito electoral es un reflejo de una serie de factores arraigados, incluyendo la persistencia de una cultura patriarcal y la falta de acción y disposición de los partidos políticos para abordar este desbalance. Este análisis sugiere que la falta de políticas y legislaciones específicas que aseguren una distribución equitativa de los recursos para campañas agrava la situación, colocando a las mujeres en una posición notoriamente desventajosa frente a sus homólogos masculinos.

El análisis financiero de las campañas, revelado por la investigación de Lorduy, llama la atención sobre el imperativo de desarrollar estrategias concretas para fomentar una mayor equidad en la representación política. La necesidad de mecanismos claros que aseguren la igualdad de oportunidades para todas las candidaturas, independientemente de su género, es evidente.

De hecho, las féminas candidatas destinaron solamente el 20,5% del total de 690.554 millones gastados en campañas, lo que equivale a 141.419 millones. Esta disparidad puede ser atribuida a la falta de directrices que exijan una distribución equitativa de los recursos entre las campañas de hombres y mujeres.

La Ley Estatutaria 1475 de 2011 ofrece ciertas pautas sobre la repartición de fondos estatales para la financiación de partidos políticos, aunque no establece medidas específicas para garantizar una distribución justa destinada a las campañas de las candidatas mujeres. En este contexto, se observa cómo los partidos políticos tienden a favorecer las campañas consideradas más fuertes, que predominantemente están encabezadas por hombres. Faruk Chicre Manjarrés, socio de Solucionis Legal, le dijo Asuntos legales que, a pesar de que las leyes electorales no diferencian por género en términos financieros, en la práctica persisten las disparidades. Manjarrés argumenta que este fenómeno trasciende la legislación, hundiendo sus raíces en cuestiones históricas y culturales.

El informe de Lorduy destaca una marcada diferencia en el acceso y manejo de fondos para financiamiento de campañas en el ámbito político, pues se encontró que de un total de $2.163 millones destinados a anticipos para alcaldes, solo un 4,7% fue asignado a candidatas femeninas. Este fenómeno se evidencia pese a que las mujeres representaron el 16% de las candidaturas a dichos cargos.

El análisis detalla cómo las candidatas a gobernaciones enfrentan retos similares, dependiendo en mayor medida de recursos propios y encontrando obstáculos en la obtención de créditos en entidades financieras. Los aportes privados emergen como la principal fuente de financiamiento en ambas instancias, no obstante, se recalca que el género femenino accede en menor medida a este tipo de ayudas, teniendo que apoyarse más en sus fondos personales en comparación con los candidatos masculinos.

Este escenario plantea interrogantes sobre la equidad y las oportunidades en el espectro político, revelando la necesidad de un análisis más profundo acerca de las barreras sistémicas que enfrentan las mujeres en la política. La discusión sobre cómo nivelar el campo de juego para asegurar una representación justa y equitativa en los cargos de elección popular se hace cada vez más imperante. Los hallazgos subrayan la importancia de revisar las políticas de financiación de campañas con el objetivo de promover una mayor inclusión y participación de las mujeres en la vida política del país.

La movilización hacia el cambio exige un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad para erradicar las barreras que limitan la igualdad de oportunidades en el ámbito político, promoviendo así una participación más equitativa y democrática.